SANTO DOMINGO.- La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó su apoyo a las comunidades y personas de buena voluntad que, haciendo uso de su derecho, promueven de manera pacífica la preservación de las cordilleras Central y Septentrional.
Asimismo, se unió al reclamo de que estos territorios sean protegidos de actividades mineras, al considerar que podrían comprometer la integridad ecológica de estas zonas y afectar su rol en el ciclo hidrológico del país. En ese sentido, instó a las autoridades a escuchar el clamor de las comunidades que demandan respeto por ambas cordilleras.
El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si’, recuerda que el cuidado de la “casa común” es una responsabilidad compartida que exige decisiones prudentes orientadas al bien común y a la sostenibilidad de la vida.
La entidad destacó que las montañas no solo constituyen un patrimonio natural invaluable, sino que también son esenciales para el equilibrio ambiental y la supervivencia del país. Explicó que las cordilleras funcionan como grandes reservorios hídricos que captan, almacenan y distribuyen agua, alimentando ríos, acuíferos y sistemas de riego en gran parte del territorio nacional.
Advirtió que cualquier alteración significativa de estos sistemas podría afectar la cantidad, calidad y disponibilidad del agua, impactando tanto a las generaciones presentes como futuras. En ese contexto, expresó preocupación por el uso intensivo de sustancias químicas y la generación de desechos tóxicos asociados a la minería, los cuales representan riesgos para las fuentes hídricas y los ecosistemas.
La comisión señaló que la situación de la presa de Hatillo, principal reservorio de agua del país, evidencia estos riesgos. Además, recordó que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano fundamental, por lo que proteger las montañas que garantizan este recurso constituye una acción de justicia social y respeto a la dignidad humana.
Finalmente, reafirmó su compromiso con un desarrollo nacional sostenible, solicitó políticas que armonicen el crecimiento económico con la protección ambiental y exhortó a promover el diálogo responsable entre autoridades y ciudadanía para priorizar la vida, el agua y el equilibrio de los ecosistemas.