El jueves 7 de mayo de 2026, Carmen Teresa Navas supo finalmente que casi un año atrás su hijo había muerto bajo custodia del Estado venezolano. Víctor Hugo Quero Navas era un preso político desaparecido. Ella lo buscó sin descanso durante 16 meses, mientras cada organismo oficial le negaba información sobre su paradero.
El calvario de esta mujer de más de 80 años aún no termina. Si los funcionarios mintieron sistemáticamente todo este tiempo, ¿quién garantiza que ahora se conozca la verdad? ¿Cómo y en qué circunstancias murió realmente Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante de 51 años de edad y a quien sus compañeros de celda apodaron El ruso?
Los venezolanos también se enteraron del horror cuando, forzadas por las circunstancias, las autoridades del Ministerio para el Servicio Penitenciario emitieron un comunicado que causó indignación.
Tras admitir la muerte —fechada el 24 de julio de 2025—, justificaron el silencio oficial: “Durante su proceso de reclusión, el ciudadano no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal… En este sentido, el privado de libertad, al estar bajo tutela del Estado y ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025”, reza el texto oficial.
Pero una simple cronología desmonta esta nueva mentira.
1 de enero de 2025: Víctor Hugo desaparece en el contexto de la represión poselectoral.
24 de octubre de 2025: Tras meses de negativas en las puertas del penal Rodeo I, la Defensoría del Pueblo afirma que el detenido está recluido allí. Esta información quedó registrada en un acta.
“En efecto, se le informó que en fecha 23 de octubre se había realizado traslado hasta la Fiscalía 67, siendo la comisión de la Defensoría del Pueblo atendida por el ciudadano José Contreras, quien (…) indicó que a su hijo se le imputan los delitos de Traición a la Patria, Conspiración y Terrorismo; y actualmente se encuentra en el Centro de Detención El Rodeo I”. [sic]
Es decir: en octubre, la Defensoría —con información de la Fiscalía— aseguraba que estaba preso. Ahora, un ministerio afirma que murió y fue inhumado tres meses antes, en julio. ¿Cómo es posible semejante barbaridad?
El caso de Quero Navas probablemente habría quedado bajo tierra. Pero su madre logró hacerlo público este año, cuando, ante las excarcelaciones de presos políticos tras la caída de Nicolás Maduro, acudió un sábado —como tantas veces— a las puertas del penal donde creía que lo tenían. Una vez más le negaron que estuviera allí, pero un grupo de madres buscadoras le insistió en que se quedara hasta el domingo. Lo hizo, y nuevamente preguntó; nuevamente se lo negaron. Sin embargo, un excompañero de celda le aseguró que lo había visto en esa cárcel.
La anciana llevaba una foto tomada de la pantalla de un celular y dijo a un periodista que tiene un año buscando a su hijo, que se llama Víctor Hugo Quero Navas, que desapareció el 1 de enero de 2025, que le han dicho que lo vieron en este penal, pero aquí niegan que lo tengan.
En las semanas siguientes, su viacrucis se hizo cada vez más público. Sottovoce circulaban distintas hipótesis sobre la situación de su hijo; la mayoría apuntaba a que había fallecido. Sin embargo, nadie entendía el empeño oficial en ocultarlo.
¿Qué más tramaban?
Las capas de crueldad se fueron acumulando, una a una, con la mentira. En marzo, la policía judicial la hizo declarar durante cinco horas como si nunca hubiera oído del caso. La excusa: habían cambiado a los detectives. Le prometieron una respuesta en 15 días. No cumplieron.
El domingo 4 de mayo, la nueva titular de la Defensoría del Pueblo, Eglée González Lobato, recibió a la anciana y declaró: “Esta Defensoría ha recibido ya el caso de la señora Carmen Teresa, y queremos expresarle que institucionalmente vamos a activar mecanismos y vías para que haya una respuesta verificable, para que el Estado la atienda”.
Dos días después, por sevicia o negligencia extrema, el Estado le asestó un nuevo golpe. El tribunal que llevaba la causa de su hijo le negó la solicitud de amnistía que ella presentó. El juez alegó “que los supuestos por los cuales se encuentra procesado Víctor Quero no entran en la amnistía”, según informó el abogado Moisés Gutiérrez, de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Cualquiera pensaría que, una vez informada de la muerte de su hijo, Carmen tendría respuestas. Ese mismo jueves fue citada en la Defensoría y, según reveló la periodista Maryorin Méndez, fue informada de la tragedia y posteriormente conducida al lugar donde supuestamente fue inhumado. La tumba tiene por lápida una hoja de papel que identifica dos cuerpos. Uno de ellos podría ser el de Víctor Hugo Quero, pero la fecha del deceso aparece como 27 de julio de 2025, tres días después de la informada esta semana.
Las inconsistencias, así como la negación sistemática, hacen suponer que el Estado venezolano podría estar ocultando algo más.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón reporta que, en un lapso de 10 años, han muerto bajo custodia oficial 27 personas. Ninguno de esos casos ha sido investigado bajo parámetros que permitan llegar a la verdad.
Tres de los más emblemáticos son: El de Fernando Albán, concejal opositor, quien cayó del piso 10 de la sede de la policía política pocos días después de ser detenido en octubre de 2018; el del general Raúl Isaías Baduel, héroe del contragolpe que restituyó a Hugo Chávez en 2002, fallecido en prisión y sin juicio en 2020, en plena pandemia; y Juan Almeida Morgado, detenido en la trama de corrupción PDVSA-Cripto en 2023 y hombre de confianza en temas de espionaje digital del entonces ministro Tarek El Aissami, fallecido por supuestas complicaciones de salud pocos días después de su aprehensión.
En cuanto a desapariciones forzadas, el gobierno de Maduro consolidó esta práctica como mecanismo de represión. En 2025, de los 15 casos documentados por Amnistía Internacional desde julio de 2024, 11 personas continuaban sometidas a desaparición forzada, incluyendo ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay.
La mayoría fue excarcelada este año.
Sin embargo, uno de los casos más oscuros sigue siendo el del italo-venezolano Hugo Marino, desaparecido desde 2019 tras viajar a Venezuela. Testigos aseguran haberlo visto en una cárcel del país. Su madre, Beatriz Salas, ha exigido respuestas, pero, como Carmen, solo ha encontrado un muro de negación.
Aunque el Ministerio Público informó que abrió una investigación por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas —incluida la exhumación del cuerpo—, las organizaciones de derechos humanos exigen que el proceso sea llevado por un organismo que garantice transparencia y esté alineado con un protocolo internacional.
Carmen Teresa Navas ha descubierto que su hijo murió. Aunque aún faltan muchas respuestas, su persistencia en esta travesía ha sacado a la superficie la ruina de todos los que mintieron en nombre del Estado venezolano. Al menos, su peregrinación ha terminado, mientras la búsqueda de la verdad apenas empieza.