En lo que parece ser el inicio de una extensa investigación, una enfermera fue acusada por un gran jurado federal en Puerto Rico por robar fentanilo para cuidado de pacientes hospitalizados.
El director de la Fiscalía federal, Stephen Muldrow, identificó a la detenida como Jackeline Correa Vázquez, una enfermera de práctica avanzada, licenciada por el Departamento de Salud, con concentración clínica en anestesia.
La orden de arresto fue diligenciada por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Carolina.
“Por virtud de empleo y la posición de confianza que ocupaba en el ámbito médico, Correa Vázquez participó en un esquema en el cual accedió repetidamente a ampolletas de citrato, confiados a su custodia, para el cuidado legítimo de pacientes, y los obtuvo de manera ilegal”, sostuvo Muldrow, en conferencia de prensa.
Agregó que “la enfermera manipuló las ampolletas extrayendo el citrato de fentanilo y sustituyéndolo con sustancias líquidas transparentes con el fin de encubrir el robo”.
“A través de estos actos, la acusada abusó de su posición profesional, puso en riesgo la seguridad de los pacientes y comprometió la integridad de las sustancias controladas bajo la custodia de sus empleadores”, añadió.
Por su parte, Juan Hernández, subdirector de la DEA en Puerto Rico, dijo que, según la investigación, la enfermera extraía el fentanilo y, tras colocar otra sustancia, volvía a sellar las ampolletas “para aparentar que estaban intactas y listas para su uso médico”.
Según el pliego acusatorio, Correa Vázquez enfrenta cuatro cargos por manipulación de productos de consumo, que conllevan una pena máxima de 10 años de prisión.
También pesan en su contra cuatro cargos por adquirir y obtener una sustancia controlada mediante fraude, falsificación, engaño, o subterfugio, por lo que se expone a una pena máxima de cuatro años de cárcel.
Su vista inicial estaba pautada para hoy en la tarde, cuando podrían discutir si sería ingresada o si recibiría libertad bajo fianza.
Los ocho cargos se relacionan con cuatro días en específico que el pliego acusatorio identifica como los momentos en que supuestamente la enfermera llevó a cabo actos delictivos. El documento señala los días 15, 22, 23 de octubre de 2025, y el 8 de enero de 2026.
Sin embargo, no detalla las cantidades robadas ni qué pudo haber pasado con el fentanilo obtenido por la enfermera, mientras que Muldrow declinó ofrecer esa información.
La acusación ni el fiscal federal identificaron el lugar de donde Correa Vázquez robó la sustancia. Tampoco quiso precisar si era más de una institución, pero en ocasiones habló en plural.
“No vamos a mencionar los sitios o los hospitales que estaban envueltos en esos cargos”, dijo Muldrow. “Puedo decir que han cooperado con nosotros en la investigación y seguimos trabajando en conjunto con esos hospitales”.
Por su parte, Hernández destacó que, gracias a la rápida acción del personal hospitalario que identificó estas regularidades, lo notificó oportunamente y “pudimos tomar acción inmediata”.
Ante la pregunta sobre si la enfermera habría suplido las sustancias a alguna organización criminal dedicada a la distribución de narcóticos, Muldrow dijo que al momento de robar, “estaba actuando sola”.
“Seguimos investigando lo que pasó con la droga”, indicó el fiscal.
No precisó cómo la acusada sacaba la sustancias de los hospitales y se limitó a decir que “la cantidad de drogas no es consistente con el uso personal”.
Mientras, todavía investigan si la salud de algún paciente pudo haber sido afectado por el cambio de las sustancias en las ampolletas. Muldrow dijo que de ser cierto, los hechos “formarán parte del caso y de la sentencia”.
No obstante, Juan Berríos, agente especial interino a cargo de la oficina de investigaciones criminales de la Administración para el Control de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) en Miami indicó que la enfermera “potencialmente expuso a pacientes a dolores y sufrimientos innecesarios”.
Con relación a la licencia de la acusada, el secretario de Salud, Víctor Ramos, informó que la agencia hará un referido a la Junta de Enfermería, que “le pone lo que se llama un candado”.
“Hace que en todas las jurisdicciones de Estados Unidos vean que esa persona está en un proceso en Puerto Rico y usualmente se convalidan en otros estados”, explicó el funcionario.