La más reciente maniobra de la administración de Donald Trump para mantener su agresiva política arancelaria podría terminar afectando especialmente a Colombia.
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De acuerdo con un informe divulgado esta semana por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el país figura entre un grupo de 54 naciones que, según Washington, no cuentan con mecanismos suficientes para prohibir y hacer cumplir restricciones a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.
La conclusión parece técnica, pero tiene consecuencias concretas. Como resultado de esa determinación, los productos colombianos quedarían sujetos a un arancel del 12,5 por ciento al ingresar al mercado estadounidense.
Los productos colombianos quedarían sujetos a un arancel del 12,5 por ciento. Foto: iStock
La cifra es superior a la que enfrentarían otros socios comerciales de Estados Unidos incluidos en una segunda categoría creada por el USTR. En ese grupo figuran Canadá, México, Ecuador, Indonesia, Pakistán y la Unión Europea, economías que, según Washington, sí cuentan con prohibiciones legales contra el trabajo forzado, pero no las hacen cumplir adecuadamente. Para ellas, la tarifa propuesta sería del 10 por ciento.
La diferencia tampoco es menor para Colombia, porque actualmente los bienes nacionales ya pagan un arancel general del 10 por ciento impuesto por Trump. De concretarse la nueva propuesta, la carga para las exportaciones colombianas aumentaría en 2,5 puntos porcentuales.
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El caso colombiano, sin embargo, va mucho más allá de una discusión sobre el trabajo forzado.
En realidad, el informe forma parte de un esfuerzo mucho más amplio de la Casa Blanca para reconstruir la arquitectura arancelaria que Trump levantó durante el último año y que posteriormente comenzó a ser desmontada por los tribunales estadounidenses.
Las cortes frenaron los primeros gravámenes, pero la Casa Blanca insiste
Todo comenzó en abril del año pasado, cuando el presidente decidió imponer aranceles elevados a las importaciones mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés), una norma de 1977 diseñada para responder a amenazas extraordinarias contra la seguridad nacional.
Trump argumentó entonces que el déficit comercial y ciertas prácticas de los socios comerciales de Estados Unidos constituían una emergencia económica que justificaba medidas excepcionales.
Corte Suprema de Estados Unidos. Foto: AFP
Pero la estrategia encontró resistencia en las cortes.
En febrero de este año, la Corte Suprema determinó que el mandatario había excedido las facultades otorgadas por esa ley, concluyendo que el Congreso nunca autorizó el uso de la IEEPA para imponer aranceles comerciales de alcance general.
Lejos de abandonar su estrategia, la administración respondió recurriendo a otro mecanismo jurídico.
Para reemplazar los gravámenes anulados por la Corte Suprema, Trump impuso un arancel temporal universal del 10 por ciento sobre la mayoría de las importaciones que llegan al país.
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Sin embargo, esa medida tampoco logró escapar de los desafíos judiciales.
El mes pasado, el Tribunal de Comercio Internacional, una corte federal especializada en disputas comerciales, concluyó que la administración tampoco había cumplido adecuadamente con los requisitos legales para imponer esos aranceles.
La Casa Blanca apeló la decisión y aún falta que la Corte Suprema se pronuncie.
Pero existe otro problema. Esos gravámenes fueron concebidos como una medida temporal, expiran el próximo 24 de julio y solo pueden ser renovados por el Congreso, algo que hoy se ve imposible.
Es en ese contexto donde aparece la nueva investigación anunciada esta semana.
A diferencia de las medidas anteriores, esta se apoya en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta ampliamente utilizada por presidentes de ambos partidos y considerada jurídicamente mucho más sólida.
El presidente Donald Trump. Foto: KENT NISHIMURA / AFP
La misma disposición fue utilizada por Trump durante su primer mandato para imponer aranceles a China y también ha sido empleada por administraciones republicanas y demócratas en las últimas décadas.
La investigación examinó a 60 economías que representan el 99,4 por ciento de las importaciones estadounidenses y concluyó que todas incurren en prácticas que, según la legislación comercial de Estados Unidos, pueden considerarse “irrazonables” y perjudiciales para el comercio estadounidense.
Washington pone a Colombia en la lista de países que, según su criterio, no controlan el trabajo forzado
En el caso de Colombia, el USTR sostiene que el país ha fallado en establecer y hacer cumplir una prohibición efectiva de la importación de bienes producidos con trabajo forzado.
Washington argumenta que esta situación genera ventajas competitivas indebidas para productos elaborados con menores costos laborales y, a la larga, perjudica a las empresas estadounidenses.
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La lista incluye, además, a Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Uruguay y Venezuela, entre otros países latinoamericanos. También aparecen China, India, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Suiza, Noruega y varias economías asiáticas y europeas.
Pero los nuevos gravámenes relacionados con el trabajo forzado son apenas una parte del plan.
La administración Trump ya desarrolla una segunda investigación bajo la misma Sección 301 enfocada en países que, según Washington, mantienen excesos de capacidad productiva que terminan inundando los mercados mundiales con bienes artificialmente baratos.
Entre los objetivos de esa nueva pesquisa figuran China, la Unión Europea, Japón, México, Corea del Sur e India.
Todo indica que esa segunda ronda de medidas podría anunciarse durante el verano y convertirse en otro componente de la estrategia comercial permanente de la Casa Blanca.
Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: EFE
Los expertos consideran que los aranceles basados en la Sección 301 tienen muchas más probabilidades de sobrevivir a eventuales demandas judiciales que las medidas de emergencia utilizadas inicialmente por Trump.
No obstante, el proceso también es más lento y complejo.
A diferencia de la IEEPA, que permitía imponer gravámenes de manera prácticamente inmediata, la Sección 301 obliga al gobierno a abrir períodos de consulta pública, recibir comentarios de empresas y sectores afectados y celebrar audiencias antes de adoptar medidas definitivas.
Eso significa que podrían transcurrir varios meses antes de que las nuevas tarifas entren plenamente en vigor.
Aun así, la reacción internacional ya comenzó.
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La Unión Europea calificó la medida como “injustificada”, y varios dirigentes europeos acusaron a Washington de buscar nuevos argumentos legales para sostener una política arancelaria que ha sufrido repetidos reveses en los tribunales.
Para Colombia, mientras tanto, la principal preocupación es otra.
En la nueva estrategia diseñada por Trump para mantener vivo su muro arancelario, el país no solo quedó incluido entre los señalados, sino que además podría terminar enfrentando una tarifa superior a la que paga actualmente.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington