La República Dominicana tiene margen para acelerar su crecimiento y mejorar el bienestar de los hogares si profundiza reformas que fomenten la competencia en los mercados. Esa es una de las principales lecturas para el país del informe Desarrollo en las Américas 2025 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que estima que América Latina y el Caribe podría elevar el PIB per cápita en 11% y reducir la desigualdad en 6% si logra mercados más competitivos.
La representante del BID en República Dominicana, Nathalie Alvarado, ha insistido en que el debate sobre competencia no es teórico: se refleja en el costo de la vida, el acceso al crédito, la innovación y las oportunidades para la población, en el marco de la presentación local del informe.
Competencia en República Dominicana: una vía para crecer y abaratar el costo de la vida
El reporte del BID plantea que, cuando pocos actores dominan un mercado o cuando existen barreras que frenan la entrada de nuevos competidores, se generan distorsiones que terminan afectando al consumidor: precios más altos, menor variedad y menor presión para innovar. En su diagnóstico regional, el organismo advierte que la concentración de mercado en América Latina y el Caribe es cuatro veces mayor que en economías avanzadas, y que las empresas aplican márgenes promedio de 35% sobre el costo, frente a 20% en mercados más competitivos.
En esa lógica, “más competencia” se traduce en un canal directo hacia el bolsillo: si los mercados funcionan con reglas claras y vigilancia efectiva, las empresas deben competir en precio y calidad, y eso puede aliviar presiones sobre el gasto de los hogares, sobre todo en bienes y servicios esenciales.
El BID pone cifras al impacto: +11% de PIB per cápita y -6% de desigualdad
El BID sostiene que el potencial de mejora no se limita al consumo. La estimación de un aumento de 11% del PIB per cápita está asociada a una economía más dinámica, con mejor asignación de recursos y mayor productividad. Y, en paralelo, el organismo proyecta una reducción de 6% en la desigualdad, en la medida en que los beneficios de mercados más abiertos y reglas más equitativas lleguen a más empresas y trabajadores.
El informe también subraya un punto sensible para la región: los trabajadores captan una porción menor del valor que generan. En el promedio regional, reciben 50% del valor, comparado con 65% en Estados Unidos y 81% en otras economías avanzadas, según el BID.
Tres reformas clave para fortalecer la competencia en los mercados
Más allá del diagnóstico, el BID propone una hoja de ruta con prioridades de política pública. Entre ellas:
Reducir la fragmentación de los mercados, mejorando infraestructura, armonizando normas, facilitando la interoperabilidad de sistemas y agilizando procesos para que las empresas puedan crecer y conectarse dentro del país y con cadenas globales de valor.
Diseñar regulaciones más inteligentes, eliminando reglas que mantienen a las empresas pequeñas y creando políticas basadas en evidencia que corrijan fallas de mercado sin sofocar la expansión productiva.
Fortalecer las agencias de competencia, dotándolas de independencia, recursos y autoridad para prevenir y sancionar conductas anticompetitivas.
En el caso dominicano, Alvarado ha señalado que el país cuenta con “activos importantes” para avanzar en esa agenda, incluyendo la existencia de una Política Nacional de Competencia y el marco de planificación de largo plazo de la Meta RD 2036.
Sectores sensibles: telecomunicaciones, banca, pagos y compras públicas
El BID destaca ejemplos de reformas procompetencia que ya han mostrado resultados en distintos países, como la portabilidad numérica en telecomunicaciones, mejoras en pagos digitales, portabilidad de préstamos y cambios en compras públicas para reducir precios de bienes esenciales.
Para República Dominicana, estos frentes resultan especialmente relevantes por su impacto transversal: servicios financieros más disputados pueden ampliar opciones y abaratar costos; mercados digitales interoperables pueden reducir “costos de transacción” para comercios; y compras públicas más competitivas pueden traducirse en ahorros para el Estado y, potencialmente, en mejores servicios para la ciudadanía.