El régimen cubano publicó un proyecto de ley que elimina el Ministerio de la Agricultura como entidad independiente y crea en su lugar el Ministerio de Agroalimentación, una supercartera que concentrará bajo una sola autoridad la producción agrícola, la industria alimentaria, el azúcar y sus derivados, las bebidas y licores, la pesca y el sector forestal.
El texto, firmado por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular Juan Esteban Lazo Hernández y por Miguel Díaz-Canel como presidente de la República, está previsto para su aprobación en la sesión parlamentaria de julio de 2026 y entraría en vigor 60 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
Según el Artículo 67 del proyecto, el nuevo organismo será «el encargado de dirigir y controlar la política estatal en materia de posesión y uso sostenible de la superficie agropecuaria y forestal del país, la producción agropecuaria, cañera y forestal; la industria alimentaria, el azúcar y sus derivados, bebidas y licores, así como la actividad de pesca, y su comercialización».
La fusión se produce en el peor momento para el sector: el propio ministro de Agricultura admitió en 2024 que la producción de huevos cayó de 4-5 millones diarios a 1,2 millones, que la siembra de arroz se redujo a unas 60,000 hectáreas frente a una capacidad de 200,000, y que el sector trabajaba con menos del 10% del combustible disponible.
Cuba importa entre el 70% y el 80% de los alimentos que consume, a un costo aproximado de 2,000 millones de dólares anuales.
La reforma, la más profunda desde el Decreto-Ley 67 de 1983, reduce el número de ministerios de 27 a 20 e incluye otros cambios de gran alcance.
Los ministerios de Economía y Planificación y Finanzas y Precios se fusionan en el Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación, que concentrará el control sobre presupuesto, tributos, precios, planificación y crédito público.
Se crea el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, que reunirá bajo una sola autoridad la vivienda, el urbanismo, el ordenamiento territorial, los recursos hidráulicos, el medio ambiente y el Catastro Nacional.
El régimen también crea el Ministerio de Información y Comunicación Social, que tendrá competencias sobre medios, publicidad, patrocinio y la llamada «Marca País».
El economista cubano Pedro Monreal criticó esa decisión señalando que el nuevo organismo «bordea» la idea de un «ministerio de la verdad» y que en la reorganización «sobra» ese ministerio y «faltan» otros como Comercio Interior y Construcción y Viviendas.
El Banco Central de Cuba gana rango ministerial explícito: será dirigido por un Ministro-Presidente que integrará el Consejo de Ministros, y el proyecto establece que ese cargo es compatible con el de Viceprimer Ministro.
En paralelo, el régimen creó el INAEES, entidad que concentrará el control de más de 2,000 empresas estatales bajo el Consejo de Ministros, lo que analistas describen como otra capa de recentralización económica.
La justificación oficial es «reordenar, redimensionar y perfeccionar la organización de la Administración Central del Estado, con el propósito de lograr mayor eficacia en la función administrativa», según reza el propio texto del proyecto.
Los ministros tendrán un plazo de hasta un año para completar los traspasos de recursos humanos, materiales y financieros entre los organismos fusionados, conforme al cronograma que apruebe el Consejo de Ministros.
El primer ministro Manuel Marrero había admitido en mayo de 2026 que Cuba «no puede sostener tanta burocracia», aunque la creación simultánea de nuevas entidades de control como el INAEES contradice ese discurso de austeridad institucional.