Nuestro país enfrenta una paradoja. Mientras aumentan el sobrepeso, la obesidad infantil y las enfermedades asociadas a una mala alimentación, una legislación destinada a proteger la salud de los estudiantes continúa sin convertirse en realidad.
El Proyecto de Ley de Alimentación y Nutrición Escolar, aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, busca establecer normas para garantizar una alimentación adecuada en los centros educativos, promover hábitos saludables desde la infancia y crear entornos escolares libres de productos que afectan la salud de los niños. La iniciativa ha sido respaldada por organismos nacionales e internacionales vinculados a la nutrición y la seguridad alimentaria.
Sin embargo, el avance de esta legislación parece haberse ralentizado. Diversos sectores observan con preocupación que, cada vez que una normativa pretende limitar la presencia de bebidas azucaradas, productos ultraprocesados o alimentos de escaso valor nutricional en las escuelas, surgen fuertes presiones económicas para evitar su aprobación o debilitar su contenido.
No se trata de una situación exclusiva de República Dominicana. En numerosos países de América Latina, las industrias de bebidas y alimentos procesados han desplegado campañas de cabildeo para retrasar leyes como la del etiquetado frontal, restricciones publicitarias o regulaciones dirigidas a proteger a la población infantil. El argumento suele centrarse en la libertad de elección o en el impacto económico sobre determinados sectores productivos. La pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿Qué debe prevalecer, el interés comercial o el interés superior de la niñez?
Las escuelas no son únicamente espacios para la enseñanza académica; también son entornos donde se forman hábitos que acompañan a las personas durante toda la vida. Garantizar que los estudiantes tengan acceso a alimentos saludables constituye una inversión en salud pública y desarrollo humano.
Por ello, resulta necesario retomar el debate sobre esta ley con responsabilidad. La protección de la infancia debe ocupar prioridad en la agenda nacional. Retrasar decisiones que mejoren la alimentación de miles de niños y adolescentes implica postergar beneficios que el país necesita para enfrentar los desafíos de salud relacionados con la nutrición.
Los legisladores responsables de hacer realidad esta ley deben entender que se trata del derecho de los niños a una alimentación saludable y de la necesidad de que la industria se ajuste a los nuevos requerimientos de la norma y de los tiempos.
Es oportuno aclarar que la República Dominicana se ha quedado rezagada en torno a la regulación de la alimentación escolar.
En la mayoría de los países del mundo y en nuestra región se ha regulado la venta de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas en las escuelas.
Francia, Emiratos Árabes Unidos, México, Chile, Costa Rica, Jamaica, Perú, España y Portugal figuran entre los países que han regulado la venta de alimentos en las escuelas.
Francia fue la primera en prohibir las máquinas expendedoras de refrescos y aperitivos en todas las escuelas mediante la Ley de Salud Pública. En los Emiratos Árabes Unidos opera una guía nacional unificada que prohíbe refrescos, bebidas azucaradas y energéticas. En México, la Ley General de Educación prohíbe la venta y publicidad de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas dentro de las escuelas.
La pregunta no es si regular, sino por qué seguimos esperando. Si otros países lo han hecho, República Dominicana no tiene excusa para colocar los intereses comerciales por encima de la salud y los derechos de la niñez.
