Imágenes captadas con drones sobre La Guaira muestran vastas extensiones de escombros donde antes se levantaban edificios, con decenas de personas que recorren los restos de las estructuras derrumbadas en busca de supervivientes y pertenencias. Las tomas aéreas de Reuters registran también a civiles que extraen electrodomésticos de inmuebles dañados, en medio de una catástrofe que ya acumula al menos 2.595 muertos y más de 12.400 heridos.
El doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio convirtió al estado costero de La Guaira en la zona más afectada del país. Según el Gobierno, cerca de 200 edificios colapsaron por completo, mientras estimaciones de la NASA apuntan a que unas 58.000 edificaciones pudieron resultar dañadas. Las labores de rescate, que este viernes entran en su segunda semana, reúnen a cerca de 3.000 rescatistas desplegados de forma simultánea en distintas áreas del estado.
Las imágenes de dron difundidas por Reuters muestran, desde el aire, la magnitud de la destrucción: bloques residenciales reducidos a montículos de concreto y acero, con el mar Caribe como telón de fondo. Entre los escombros, equipos de rescate internacionales trabajan junto a civiles, supervivientes y familiares que llegaron por sus propios medios a las zonas afectadas.
Desde el inicio de las operaciones, 13 personas fueron rescatadas con vida. Uno de los casos más recientes fue el de un vigilante de 43 años hallado bajo los restos de un edificio en Playa Grande tras ocho días atrapado, luego de más de 72 horas de trabajo continuo con más de un centenar de rescatistas internacionales. Las tareas continúan en otras estructuras donde persisten expectativas de encontrar sobrevivientes.
Organizaciones humanitarias y civiles presentes en el terreno señalaron que la respuesta del Gobierno fue lenta e ineficaz, con demoras en la entrega de alimentos, agua y suministros médicos, y una persistente falta de maquinaria pesada para remover escombros.
Joel Sojo Sánchez, comerciante de 57 años, afirmó a Reuters que la asistencia no llega a todas las localidades: “Necesitamos ayuda más allá de Tanaguarena, Quebrada Seca, Osma, Oritapo, Todasana. La gente está desesperada pidiendo ayuda porque no hay alimentación”.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la gestión oficial y aseguró que en las primeras 24 horas se desplegaron 4.000 funcionarios, cifra que ascendió a 11.000 a las 48 horas y que al momento de su declaración alcanzaba los 19.000. Rodríguez también descartó entierros en fosas comunes e informó que las víctimas fatales serán identificadas mediante huellas dactilares, fotografías y odontología forense. El Gobierno no proporcionó una cifra oficial de desaparecidos. Naciones Unidas estimó que ese número podría llegar a las 50.000 personas.
El doble sismo abrió además un debate sobre la calidad constructiva de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, programa habitacional lanzado en 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez y extendido por su sucesor Nicolás Maduro con la meta de cinco millones de viviendas para 2025.
Varios sectores exigieron auditorías técnicas independientes para determinar si las estructuras dañadas cumplían con las normas de edificación y resistencia sísmica. Richard Casanova, director del Colegio de Ingenieros de Venezuela, señaló a France 24 que las viviendas públicas del programa fueron “una historia de corrupción y construcciones de mala calidad”, levantadas “sin supervisión, inspección y cumplimiento de códigos específicos”.
Especialistas en ingeniería advirtieron que aún era prematuro atribuir los daños exclusivamente al impacto de los sismos sin estudios técnicos. Juan Manuel Fuentes, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, explicó a ese medio que algunas estructuras pequeñas sufrieron daños más severos que edificios más altos que permanecieron en pie, diferencia que pudo estar vinculada con el período estructural de cada edificio, el tipo de suelo y la calidad de los materiales utilizados.
Rodríguez anunció la creación de una comisión presidencial para evaluar la habitabilidad de esas viviendas y revisar infraestructura vial, puentes y elevados.