En la República Dominicana, el 21.9 % de las mujeres en edad reproductiva se ausentó de sus actividades escolares, sociales o laborales durante su última menstruación.
La cifra procede de los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Unicef y el estudio Estado de la Situación de los Derechos de la Infancia y Adolescencia (SITAN 2023–2024), los cuales evidencian el impacto de las barreras de salud menstrual en la participación cotidiana femenina.
Con motivo del Día Internacional de la Salud Menstrual, la organización AIDS Healthcare Foundation (AHF) República Dominicana instó a disminuir las limitaciones en el acceso a productos de gestión menstrual, educación e información.
Massiel Ruíz, directora de la entidad en el país, señaló que garantizar estos insumos y conocimientos constituye una inversión en salud pública que evita que el periodo biológico se convierta en un impedimento para el desarrollo educativo y laboral.
La institución informó que ha implementado jornadas educativas y actividades comunitarias destinadas a niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.
Hasta la fecha, el programa ha alcanzado a más de 500 estudiantes mediante capacitaciones sobre higiene menstrual y la distribución de paquetes que contienen toallas sanitarias, ropa interior menstrual reutilizable, artículos de aseo personal y materiales informativos sobre el autocuidado.
A escala global, estimaciones de organismos internacionales indican que aproximadamente 500 millones de personas se encuentran afectadas por la pobreza menstrual, definida como la falta de acceso a productos específicos, agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas e información.
En América Latina, diversos estudios señalan que hasta el 30 % de las niñas y adolescentes ha faltado a las instituciones educativas por la carencia de estos servicios e insumos básicos.
Ante este panorama, países de la región como México, Colombia y Jamaica eliminaron los impuestos aplicados a los productos de gestión menstrual, mientras que Brasil ha promovido reformas orientadas a reducir sus cargas fiscales.
Especialistas del sector coinciden en que, aunque la reducción de costos es una medida inicial para mitigar la problemática, la solución integral requiere la combinación de políticas públicas, infraestructura sanitaria básica y educación con base científica.