El sistema dominicano de pensiones acumula hoy un patrimonio superior al billón de pesos. Es el resultado de más de dos décadas de capitalización individual, rendimientos positivos sostenidos y una arquitectura financiera que se compara favorablemente con la región y, sin embargo, la pensión promedio representa apenas el 36,68 % del salario promedio de los afiliados. Ese número es el retrato más preciso disponible de un problema que no tiene solución dentro del sistema de pensiones, porque no se originó dentro de este.
Los sistemas previsionales del siglo XX fueron diseñados para responder a una pregunta específica: ¿Cómo acumular recursos suficientes para financiar la vejez? Era una pregunta razonable para sociedades con esperanzas de vida moderadas, trayectorias laborales largas y continuas, y una vejez que representaba una fracción breve del ciclo vital. Ninguna de esas condiciones describe a República Dominicana hoy. La esperanza de vida ya supera los 75 años y se proyecta en casi 80 para 2050. La informalidad laboral ronda el 55 %, según el Banco Central, y los trabajadores dominicanos cotizan, en promedio, solo 4 de cada 10 meses posibles a lo largo de su vida laboral.
Esos tres datos juntos revelan que la pregunta del siglo XX ya no es suficiente en la actualidad. De ahí que la pregunta del siglo XXI es distinta: ¿Cómo construye una sociedad las condiciones para que sus miembros lleguen a la vejez habiendo acumulado suficiente capital humano, contributivo y sanitario para sostener su propio bienestar durante décadas de longevidad que antes simplemente no existían? No es retórica y cambia los objetivos de la política pública, los instrumentos de intervención y los horizontes de evaluación.
Así, la distinción entre vejez y longevidad es sustancial. Mientras la vejez era un evento acotado al final de una trayectoria laboral relativamente predecible, la longevidad se concibe como una condición estructural, con probabilidad creciente de que el período posterior al retiro se extienda durante veinte o treinta años, con dinámicas internas heterogéneas de salud funcional, capacidad cognitiva, necesidades de cuidado y autonomía económica. Un sistema construido para financiar cinco o diez años de retiro no puede gestionar adecuadamente tres décadas de longevidad, y ningún ajuste de tasas de cotización o edad de jubilación resuelve esa inadecuación de fondo.
El problema más profundo del sistema dominicano no es financiero, sino conceptual. Fue diseñado para administrar el retiro, no para administrar la longevidad. Por eso evalúa cotizaciones, fondos y beneficios con rigor técnico mientras ignora la capacidad de producir y preservar capital humano saludable, productivo y contributivo durante ciclos de vida crecientemente extensos.
Un tercio de los afiliados dominicanos nunca ha realizado una cotización. El 30 % tiene menos del 10 % de densidad de cotización acumulada. Esas cifras no son fallas del sistema de pensiones; son el resultado observable de décadas de decisiones —o ausencia de decisiones— en educación, salud, mercado laboral y protección social. La pensión insuficiente de un trabajador que cumple 65 años en 2035 fue sellada, en parte significativa, por la calidad de su educación en la infancia, por la continuidad o discontinuidad de su inserción laboral formal y por la presencia o ausencia de sistemas de salud preventiva que extendieran su vida productiva. Ninguno de esos determinantes está dentro del sistema de pensiones.
Esto tiene una implicación de política que la discusión dominicana sobre reforma previsional no ha confrontado con suficiente profundidad. La sostenibilidad previsional ha sido tratada, en prácticamente toda la literatura regional de reforma, como el objetivo final hacia el que se orientan los instrumentos de política: tasas de cotización, edades de retiro, rendimientos de fondos, parámetros de beneficio. Esa lógica invierte la causalidad real porque la sostenibilidad no es destino; es resultado: el registro observable, con cuarenta años de demora, de procesos que ocurrieron en otros ministerios, otros presupuestos y otras etapas del ciclo vital. Cuando esos procesos fallan, ningún refinamiento del vehículo financiero produce el resultado que la causalidad exige. Es el diagnóstico más incómodo del debate previsional dominicano, precisamente porque desplaza la responsabilidad hacia decisiones que ya ocurrieron y hacia políticas que todavía no se han tomado.
La reforma que la República Dominicana necesita no cabe dentro del sistema de pensiones. La inversión en educación temprana y salud preventiva no es gasto social separado de la política previsional; es su insumo más determinante, porque la densidad de cotización de un trabajador a los cuarenta años está condicionada, en parte medible, por decisiones de política que se tomaron cuando tenía cinco. La formalización laboral no puede seguir tratándose como objetivo del Ministerio de Trabajo ajeno al sistema de pensiones, donde cada año de trabajo informal es un año de capital previsional destruido en tiempo real que ningún ajuste paramétrico posterior puede recuperar. El ajuste actuarial periódico es necesario, pero debe incorporar la desigualdad de longevidad entre grupos de ingreso —quien trabaja en construcción o agricultura vive menos que el promedio nacional, y un sistema que los obliga a trabajar hasta la misma edad que un profesional urbano no es neutral; es regresivo— y el riesgo de dependencia funcional en la vejez avanzada —que hoy absorben silenciosamente las familias, mayoritariamente las mujeres— necesita los primeros elementos institucionales de cobertura antes de que la demografía lo imponga como crisis fiscal sin solución ordenada. Ninguno de esos cuatro componentes es una reforma previsional en el sentido convencional y todos juntos son la única reforma previsional que puede producir resultados reales.
El fracaso de los sistemas previsionales no comienza cuando faltan recursos para pagar pensiones. Comienza décadas antes, cuando una sociedad no logra transformar educación, salud, empleo y productividad en trayectorias contributivas suficientes. La República Dominicana tiene todavía una ventana para intervenir sobre las cohortes más jóvenes antes de que se cierre. No es amplia y no se abre desde adentro del sistema de pensiones.