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Por SANTO RAMIREZ
El panorama de la salud pública en la República Dominicana se encuentra en un punto de inflexión. Recientemente, el país recibió con optimismo el encuentro entre el Colegio Médico Dominicano (CMD) y el Servicio Nacional de Salud (SNS), encabezado por su director, el Dr. Julio Landrón.
Lo que inicialmente se perfiló como una mesa de trabajo madura y consensuada para priorizar la agenda sanitaria nacional —incluyendo el esperado despliegue de la Estrategia de Atención Primaria— ha terminado convirtiéndose, de manera lamentable, en un escenario de contradicciones mediáticas y cortinas de humo.
Del consenso al ruido mediático: Una oportunidad contra el desempleo médico
El desayuno-almuerzo entre ambas instituciones fue un paso positivo. De allí surgieron compromisos claros: establecer días, horas y fechas para que comisiones mixtas desarrollaran una agenda común. Uno de los puntos más lógicos e importantes que trascendió fue la necesidad de **extender los horarios de atención** en los centros de atención primaria, unidades de atención primaria (UNAP) y centros de diagnóstico, permitiendo así una mayor cobertura y accesibilidad para la población.
Lo que resulta incomprensible es que la dirigencia del CMD saliera inmediatamente a los medios a rechazar la extensión de horarios. Jamás se ha planteado en la mesa que a un mismo médico se le pretenda obligar a trabajar más horas bajo el mismo salario. Al contrario: **la extensión de horarios representa la oportunidad histórica para mitigar el grave desempleo que afecta a la clase médica dominicana.**
En los últimos años han egresado numerosas promociones de profesionales que hoy se encuentran sin plazas disponibles. Al diversificar y ampliar los turnos de atención en el primer nivel, se abre una ventana real de contratación para:
* *Médicos familiares y generales:* El sector que actualmente sufre el mayor índice de desempleo en el país.
* *Especialistas clave:* Pediatras, ginecólogos, entre otros profesionales esenciales para la comunidad.
Esta estrategia no solo generaría empleos dignos para el personal desocupado, sino que además cumpliría con un objetivo sanitario fundamental: *descongestionar los hospitales de tercer nivel y de alta complejidad*, resolviendo de manera eficiente la mayoría de las patologías desde el primer nivel de atención. Para lograrlo, el Colegio Médico Dominicano debe asumir su rol constitucional como órgano asesor del Estado, y no actuar como un eterno ente confrontador que boicotea las soluciones laborales de sus propios agremiados.
Las verdaderas razones detrás de la cortina de humo
¿Por qué el CMD prefiere reactivar un conflicto artificial en lugar de avanzar en la reforma del sistema y en la creación de nuevas plazas? La respuesta parece hallarse en la necesidad de desviar la mirada de la opinión pública y de los propios médicos de los dos problemas estructurales, éticos y legales que hoy verdaderamente sacuden y ponen en vilo al gremio.
El primer gran tema de distracción es el silencio cómplice en torno al *Código Penal*. Tras un año completo otorgado como plazo para su revisión, el Colegio Médico se ha quedado amordazado y callado a sabiendas de que la mayoría de los artículos propuestos colocan al médico en una posición de criminalización absoluta, convirtiéndolo de antemano en culpable y dejando la atención del paciente en un estado de desprotección institucional. Este descuido histórico y la falta de una postura firme frente a un código que vulnera el ejercicio de la medicina es lo que la actual dirigencia intenta tapar con ruido mediático.
El segundo tema es el escándalo financiero de *Falcomisionario*, una caja de Pandora donde se ha denunciado la emisión de cheques sin la firma de los pasados presidentes de la institución durante diferentes gestiones.
El debate actual no debería ser quién descubrió el entramado o quién se atribuye la denuncia tras el detonante del fraude de los 5 millones de pesos y las alertas bancarias. Lo verdaderamente preocupante es la complacencia institucional y la manipulación pública con la que se ha manejado el tema.
Menos declaraciones, más justicia
Al día de hoy, las declaraciones de la dirigencia médica solo logran *contaminar una investigación* que debió ser de carácter judicial desde el primer momento. El Colegio Médico Dominicano no es un tribunal de justicia ni un órgano auditor.
En lugar de emitir juicios mediáticos para proteger cuotas de poder, silenciar el debate sobre el Código Penal o desviar la atención con falsas disputas sobre horarios laborales, el CMD tiene la obligación moral y legal de trasladar formalmente este expediente a la *Procuraduría General de la República*. Es el Ministerio Público quien debe empoderar a los organismos auditores competentes del Estado, tales como:
* La Cámara de Cuentas.
* La Contraloría General de la República.
* El Colegio Dominicano de Contables y Auditores.
Conclusión: Una clase médica que exige transparencia y defensa real
Los médicos dominicanos y la sociedad no necesitan más pirotecnia verbal ni distracciones gremiales. Exigen un colegio que defienda con firmeza jurídica su seguridad laboral frente al Código Penal, que colabore con la creación de nuevos empleos a través de la atención primaria y que demuestre una transparencia incuestionable en el manejo de sus propios recursos financieros. Intentar tapar el sol del desfalco y de la desprotección legal con el dedo de la confrontación laboral es una táctica agotada que los profesionales de la medicina ya no están dispuestos a tolerar.
of-am
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