Los Llanos.- Familiares, amigos y allegados de Jovanny González, expreso político barinés que murió el 26 de agosto, a los 36 años, tras padecer cáncer metastásico, le dieron el último adiós este viernes 28 de agosto en el Cementerio Virgen del Real, en Barinas, donde fueron sepultados sus restos. González dejó un hijo de 12 años.
Su muerte reavivó los reclamos de sus familiares y de Wilmer Azuaje, dirigente político, exdiputado y primo de González, quienes cuestionan las condiciones en las que transcurrieron sus últimos meses y exigen justicia por las violaciones de derechos humanos que, aseguran, sufrió desde su detención en 2017.
«Murió pidiendo y esperando la amnistía, y a pesar de su condición, no les importó nada», dijeron sus familiares desde la Capilla de El Pilar, donde fueron velados sus restos. Recordaron que González tenía una nueva citación judicial para el 14 de septiembre, pese a que su avanzado deterioro de salud le impedía movilizarse.
González había solicitado una medida de amnistía mientras permanecía en República Dominicana, donde estuvo exiliado durante aproximadamente siete años y medio antes de regresar a Venezuela a principios de junio. Su petición cobró mayor urgencia tras el avance del cáncer metastásico y el deterioro de su condición física, que le impedía acudir a las citaciones judiciales.
Azuaje llevó la carroza fúnebre hasta los tribunales
El reclamo de sus familiares se trasladó este viernes a la sede del Circuito Judicial Penal de Barinas. Antes de acompañar los restos de González hasta el cementerio, Azuaje llevó la carroza fúnebre hasta los tribunales como forma de protesta contra los jueces y fiscales que llevaron la causa de su primo.
Frente a la sede judicial, Azuaje reclamó al sistema de justicia por haber mantenido a González bajo régimen de presentación y por, según denunció, haberle negado la amnistía que solicitó mientras enfrentaba un cáncer metastásico y un avanzado deterioro de su salud. «Ella, la jueza, pidió que lo trajera. Aquí está, aquí se lo traje. En la urna. Aquí lo traje», expresó Azuaje mientras señalaba el féretro de González.
El dirigente también cuestionó a los funcionarios del tribunal y exigió cambios en el sistema de justicia. «Aquí está todo lo que tiene que cambiar el día de mañana. Todos estos jueces tienen que salir del poder. Le negaron los beneficios a Jovanny, la juez tercera y los fiscales, que son corruptos, y se los digo en la cara», gritó Azuaje frente a la sede judicial.
Azuaje aseguró que continuará exigiendo justicia por la muerte de su primo y sostuvo que el caso de González debe marcar un precedente para evitar que otros venezolanos en condiciones similares sean sometidos a procesos judiciales sin que se considere su estado de salud.
Tres detenciones
González fue detenido en tres oportunidades por razones políticas. Así lo aseguran sus familiares. La primera ocurrió en 2014, cuando permaneció tres días privado de libertad. En 2016 volvió a ser apresado en Barinas y estuvo recluido durante 22 días.
La tercera detención ocurrió el 2 de mayo de 2017, cuando lo apresaron junto a Azuaje, para ese entonces diputado en Barinas, violando su inmunidad. González era su asistente. Ambos permanecieron inicialmente bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Los presentaron ante un tribunal de control de Barinas el 22 de agosto de 2017, después de casi cuatro meses detenidos.
González fue imputado por seis delitos: posesión ilícita de armas de guerra, tráfico ilícito de municiones, uso indebido de prendas militares, agavillamiento, resistencia a la autoridad y porte ilícito de arma de fuego. A Azuaje le imputaron los primeros cinco delitos.
La jueza Dubraska Linares acordó mantenerlos privados de libertad y ordenó su traslado al Centro de Procesados 26 de Julio, en San Juan de los Morros, estado Guárico. González permaneció aproximadamente un año y un mes en ese centro penitenciario y fue excarcelado el 2 de junio de 2018, junto con otros presos políticos. Quedó bajo medidas cautelares, entre ellas régimen de presentación y prohibición de salida del país.
Azuaje denuncia golpes durante la detención
Azuaje, quien se crió junto a González, expresó desde la capilla donde velaban el cuerpo de Jovanny que ambos fueron golpeados salvajamente por funcionarios del Sebin durante y despues del traslado desde Barinas, donde fueron detenidos hasta Caracas.
«Recibió muchos golpes, fue más golpeado que yo por agentes del Sebin. Cuando nos trasladan a Caracas, un día después de que nos detuvieron, nos dieron una pela, pero a él aún más», afirmó Azuaje.
González tenía 16 años cuando comenzó a trabajar como asistente de Azuaje. La relación familiar y laboral se mantuvo durante años, incluso después de que ambos fueran excarcelados y salieran del país. Tras su liberación, González permaneció en República Dominicana durante aproximadamente siete años y medio, exiliado junto a Azuaje.
El cáncer cambió su vida
En 2024, mientras estaba en República Dominicana, González comenzó a presentar fuertes dolores en los riñones. Su familia pensó inicialmente que se trataba de cálculos, pero una ecografía detectó un tumor. Los estudios posteriores confirmaron el cáncer.
Debía ser operado de inmediato. Mediante campañas de recaudación difundidas en redes sociales, sus familiares y allegados lograron reunir el dinero para la intervención, que se realizó en 2025.
Le extrajeron el tumor y posteriormente comenzó un tratamiento de inmunoterapia. Según su familia, cada ciclo costaba aproximadamente 9.800 dólares y debía recibirlo durante tres años. Sin embargo, solo pudo completar ocho inmunoterapias. La familia vendió el carro y otros bienes para cubrir los gastos y recibió ayuda mediante campañas de recaudación. También contó con apoyo del Gobierno dominicano.
La imposibilidad de mantener el tratamiento en República Dominicana llevó a González a tomar la decisión de regresar a Venezuela, aun cuando tenía una orden de aprehensión vigente. Una nueva orden había sido emitida el 27 de marzo de 2026.
Regresó a Venezuela pese a la orden de aprehensión
Wilmer Azuaje regresó a Venezuela el 31 de mayo y González lo hizo el 5 de junio. No viajaron juntos porque González no pudo abordar el avión inicialmente debido a que no contaba con el salvoconducto requerido por el vencimiento de su pasaporte.
Cuando finalmente llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía, fue detenido porque estaba solicitado por las autoridades. Permaneció aproximadamente dos horas bajo custodia y posteriormente fue liberado debido a su delicado estado de salud. Ya se encontraba en silla de ruedas.
De regreso en Venezuela, su madre lo inscribió como paciente oncológico en el Seguro Social para intentar acceder a los medicamentos de alto costo. Según la familia, durante junio recibió el tratamiento completo, pero al mes siguiente no hubo suministro. Su condición se deterioró rápidamente.
González quedó postrado en cama, padecía desnutrición crónica y tenía una movilidad prácticamente nula. Solo podía mover las manos y tenía dificultades para hablar.
Tres citaciones cuando ya no podía caminar
A pesar de su estado de salud, González recibió tres citaciones para comparecer ante el Tribunal Tercero de Juicio de Barinas, que llevaba su causa. No pudo asistir debido a su condición física.
El 8 de agosto se difundió un video en el que González pidió públicamente a las autoridades una solución a su situación judicial y la aprobación de una medida de amnistía. «Me han citado por tercera vez al tribunal, pero no pude asistir por mis condiciones físicas. Yo no puedo caminar», dijo.
También pidió ayuda a las autoridades para poner fin al proceso judicial que arrastraba desde 2017. La familia informó a la jueza que probablemente González no llegaría a la próxima comparecencia, fijada para el 14 de septiembre, porque sin tratamiento su salud se deterioraba cada día. No llegó a esa fecha. Murió este 26 de agosto, en Barinas.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan que González continuara sometido a medidas cautelares y citaciones judiciales pese a su estado de salud. Fundehullan responsabilizó al Estado por no otorgarle la amnistía solicitada ni suspender las obligaciones procesales.
La familia y Azuaje exigen justicia
La defensa y los familiares de González también cuestionan las acusaciones que dieron origen al proceso judicial y sostienen que desde el inicio de la investigación nunca se demostró que tuviera las armas y prendas militares por las que fue imputado.
Tras su muerte, Azuaje pidió que lo ocurrido con su primo no vuelva a repetirse con otros venezolanos. «Esto no puede quedar impune. Su familia exige justicia», afirmó.
También dirigió su reclamo contra quienes, según su denuncia, participaron en el proceso judicial. «Para jueces y fiscales que se prestaron, también exigimos justicia», manifestó.
La madre de González mantiene la misma exigencia. Pide que quienes, según denuncia, golpearon y torturaron a su hijo durante su detención, así como quienes mantuvieron las restricciones judiciales y le negaron la amnistía que solicitó mientras enfrentaba una enfermedad avanzada y que lo estaba consumiendo, respondan ante la justicia.
Jovanny González murió a los 36 años, después de casi una década marcada por detenciones, prisión, exilio, cáncer y un proceso judicial que permaneció abierto hasta sus últimos días. Este viernes 28 de agosto, a las 10:00 a. m., sus familiares, amigos y allegados acompañarán sus restos hasta el Cementerio Virgen del Real, en su natal Barinas, donde será sepultado.