Santo Domingo.– La organización Dominicana con Valores (DOVA) solicitó al presidente Luis Abinader observar la ley que busca aplazar por dos años la entrada en vigencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en caso de que la iniciativa sea aprobada por el Congreso Nacional.
La entidad también pidió a los diputados rechazar el proyecto que, según explicó, ya fue conocido en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados, al considerar que su aprobación debilitaría los mecanismos legales para sancionar a las empresas involucradas en hechos delictivos.
DOVA sostuvo que posponer la aplicación de la responsabilidad penal corporativa representaría un retroceso institucional y entraría en contradicción con las políticas gubernamentales dirigidas a combatir la corrupción y la impunidad.
Advierten sobre uso de empresas en casos de corrupción
El vocero institucional de DOVA, Luis García, afirmó que las estructuras empresariales han sido utilizadas en esquemas de corrupción que afectan el patrimonio público.
Los procesos judiciales de mayor envergadura ventilados en los tribunales dominicanos durante los últimos años evidencian un patrón claro: las estructuras societarias, constitutivas de personería jurídica, han servido como entramados para el desvío de fondos, el sobredimensionamiento de obras, el lavado de activos y el financiamiento irregular de la política», expresó García.
Suscribete al newsletter de Noticias SIN
El representante de la organización consideró que aplazar las sanciones penales a las empresas implicadas en delitos supondría concederles una protección temporal.
Aplazar las sanciones penales a las empresas que delinquen equivale a otorgar un blindaje temporal a los motores de la gran corrupción», manifestó.
La entidad argumentó que las personas jurídicas también pueden participar en actividades ilícitas, por lo que entiende que deben estar sujetas a las disposiciones penales contempladas en el nuevo Código Penal.
Cuestionan posible desigualdad ante la ley
Entre los argumentos presentados por DOVA figura la necesidad de mantener la coherencia en las políticas de lucha contra la corrupción.
La organización considera contradictorio promover una política de «cero impunidad» mientras se plantea retrasar la aplicación de mecanismos jurídicos para sancionar a empresas involucradas en delitos contra el Estado.
Asimismo, sostuvo que la medida generaría una desigualdad ante la ley al establecer un período adicional de dos años para la entrada en vigencia de la responsabilidad penal de las entidades societarias.
DOVA también advirtió que, a su juicio, la postergación podría afectar los avances del país en materia de prevención del lavado de activos y cumplimiento de estándares internacionales de gobernanza.
Piden al Congreso rechazar el proyecto
Ante esta situación, Dominicana con Valores exhortó a la Cámara de Diputados a detener la aprobación de la iniciativa y solicitó al mandatario ejercer su facultad constitucional de observar la norma si finalmente recibe el respaldo del Congreso.
La entidad insistió en que la aplicación de sanciones penales a las personas jurídicas constituye una herramienta para enfrentar delitos relacionados con la corrupción y proteger los recursos públicos.
El fortalecimiento del Estado de derecho exige firmeza. La sociedad dominicana no puede esperar dos años más para contar con las herramientas necesarias que castiguen a las empresas e instituciones que atentan contra el desarrollo y la ética pública», concluyó la organización.
La posición de DOVA se produce en medio del debate sobre el aplazamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, contemplada en el nuevo Código Penal dominicano.
Temas
cámara de diputadoscongreso nacionaldovaluis abinadernuevo código penalresponsabilidad penal de las personas