Santo Domingo. – El nuevo Código de Ética para el uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos prohíbe la vigilancia masiva indiscriminada y el perfilamiento criminal predictivo, además de establecer evaluaciones obligatorias para proteger los derechos fundamentales y la privacidad de los ciudadanos.
Evaluaciones obligatorias y derecho a revisión
La normativa, establecida mediante el Decreto 787-26, contempla evaluaciones de impacto ético y de derechos antes de implementar sistemas algorítmicos en las instituciones públicas, así como mecanismos de transparencia y el derecho a solicitar revisiones.
Entre sus principales disposiciones también figuran la protección reforzada de la infancia, la soberanía digital y criterios de contratación para el uso de estas tecnologías en el Estado.
Protección infantil y soberanía digital
El director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar Batista, calificó la promulgación del decreto como un paso trascendental para la República Dominicana en materia de gobernanza de la inteligencia artificial.
El Código establece reglas claras, salvaguardas y límites para garantizar un uso responsable, seguro, ético y transparente de la inteligencia artificial en el Estado. No se trata únicamente de incorporar nuevas tecnologías a la administración pública, sino de garantizar que su implementación respete los derechos fundamentales, proteja la privacidad y fortalezca la confianza ciudadana”, expresó Batista.
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El funcionario sostuvo que la implementación de estas herramientas debe contribuir a mejorar la eficiencia y transparencia de los servicios públicos.
Con este instrumento, nuestro país avanza hacia un modelo de gobernanza digital en el que la innovación tecnológica tiene un principio y un propósito fundamental: estar al servicio de las personas”, afirmó.
La iniciativa fue impulsada por el presidente Luis Abinader, a través de la OGTIC y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el acompañamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
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