Santo Domingo.– Un tribunal de la provincia La Altagracia impuso distintas medidas de coerción contra cuatro personas señaladas por su presunta vinculación con dos operaciones de tráfico ilícito de migrantes hacia Puerto Rico, en las que fueron interceptadas 128 personas.
Las medidas son resultado de investigaciones desarrolladas mediante la coordinación entre la Armada de República Dominicana, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos (USCG) y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
De acuerdo con las autoridades, en una de las operaciones fueron interceptadas 77 personas, mientras que en la segunda fueron detenidas 51, quienes intentaban llegar de manera irregular a Puerto Rico a bordo de embarcaciones utilizadas para este tipo de travesías clandestinas.
Medidas de coerción para los imputados
Como parte del proceso judicial, el tribunal impuso tres meses de prisión preventiva a Vladimir Lajara Aguasvivas, alias “El Mello”, señalado como supuesto organizador de una de las operaciones.
Mientras que Wiston José Muñoz Rosario y Berto de la Rosa Ortega, vinculados a la operación en la que fueron interceptadas 77 personas, deberán cumplir garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país durante seis meses.
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Asimismo, Iván Peña Faña, señalado como capitán de la embarcación utilizada en la operación donde fueron interceptadas 51 personas, recibió las mismas medidas de coerción por un período de seis meses.
Según las investigaciones, los cuatro imputados estarían vinculados a una estructura dedicada a organizar y ejecutar operaciones de tráfico ilícito de migrantes hacia Puerto Rico mediante embarcaciones clandestinas, exponiendo a sus ocupantes a los riesgos de las travesías marítimas.
Penas posibles y agravantes del caso
Las autoridades indicaron que los implicados podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes atribuidas al caso y de lo que determine el proceso judicial, conforme a la Ley 46-25, que modifica la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Entre las circunstancias señaladas figura el supuesto intento de trasladar fuera del territorio nacional a personas prófugas de la justicia, además de decenas de ciudadanos haitianos indocumentados y en condición migratoria irregular.
La Armada destacó que las acciones forman parte de los esfuerzos conjuntos con las autoridades estadounidenses y el Ministerio Público para identificar y llevar ante la justicia a organizadores, capitanes y colaboradores de estas estructuras.
La institución naval reiteró el llamado a la población a no participar en viajes marítimos clandestinos, debido al riesgo que representan para la vida de quienes intentan llegar irregularmente a Puerto Rico.
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