Santo Domingo. – Decenas de colmaderos, mercaderes y propietarios de gomeras se concentraron la tarde de este lunes en la Plaza de la Bandera, en rechazo a la implementación de la facturación electrónica.
Advirtieron que podrían cerrar sus establecimientos y paralizar el comercio en Santo Domingo y otras provincias si el Gobierno no responde a sus demandas.
La protesta se produce pese a que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) aseguró que, por el momento, no aplicará multas a los pequeños negocios que aún no se hayan incorporado al sistema de facturación electrónica.
Los manifestantes exigen que los pequeños comerciantes sean excluidos de esta obligación y que el Gobierno restablezca un pago fijo anual, al considerar que muchos establecimientos no cuentan con los equipos tecnológicos, los conocimientos ni los recursos económicos necesarios para cumplir con la medida.
No están preparados para cumplir
Durante la manifestación, Pridah Suero sostuvo que los colmados cumplen una función importante en la economía de los barrios, debido a que permiten a familias de escasos recursos adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad.
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«La realidad del colmadero es que no está preparado, porque eso necesita elementos electrónicos y se necesita un contable, y ellos no pueden cargar con ese costo en este momento», expresó Suero.
La manifestante propuso que las autoridades establezcan una patente anual fija como alternativa para los pequeños negocios, en lugar de exigirles la incorporación al sistema electrónico.
«Establezcan un costo fijo, una patente anual fija que ellos puedan costear, porque es un grupo regularizado, están organizados, pero entiendan que no lo pueden ahogar», manifestó.
Suero también cuestionó que, a su juicio, las autoridades no estén tomando en cuenta las condiciones económicas en las que operan los pequeños comerciantes.
Advierten sobre el impacto en los barrios
El impacto en los barrios
La manifestante destacó que, a diferencia de los supermercados, muchos colmados permiten a sus clientes comprar alimentos a crédito y pagar semanas o meses después, una práctica conocida popularmente como fiar.
«Nosotros sí le fiamos a los que están allá en el barrio», afirmó, al insistir en que estos negocios representan una fuente de abastecimiento para familias que no siempre disponen de dinero para comprar sus alimentos.
Los comerciantes reiteraron que no se oponen a cumplir con sus obligaciones tributarias, pero consideran necesario establecer un mecanismo que tome en cuenta la capacidad económica y operativa de sus establecimientos.
Ante esta situación, los manifestantes advirtieron que, de no recibir una pronta respuesta del Gobierno, podrían convocar un cierre de negocios en Santo Domingo y otras provincias como medida de presión para exigir cambios en la aplicación de la facturación electrónica.
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