Santo Domingo. – El Gobierno dominicano aprobó el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, mediante el decreto 787-26, con el que establece reglas para el uso de esta tecnología en las instituciones estatales y busca garantizar la transparencia, la protección de los derechos ciudadanos y la supervisión humana.
La disposición, impulsada a través de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el acompañamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), contempla restricciones y mecanismos de control para los sistemas de inteligencia artificial utilizados por la administración pública.
Evaluaciones éticas y derecho a revisión
Entre las principales medidas figura la obligación de realizar evaluaciones de impacto ético y de derechos humanos antes de implementar sistemas de inteligencia artificial considerados de alto impacto, especialmente aquellos que puedan afectar el acceso a servicios, beneficios sociales o decisiones sancionadoras.
El código también establece que los ciudadanos deberán ser informados cuando una decisión administrativa haya contado con el respaldo de inteligencia artificial. Además, podrán solicitar explicaciones y recurrir a mecanismos de revisión por parte de una persona.
Prácticas prohibidas en el Estado
La normativa prohíbe el uso de sistemas de clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial y el perfilamiento criminal predictivo basado en condiciones territoriales o socioeconómicas.
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Asimismo, impide utilizar inteligencia artificial para automatizar sentencias penales y desarrollar armas autónomas.
En cuanto a la protección de menores de edad, establece restricciones especiales para evitar que estas herramientas generen o distribuyan contenidos abusivos, lesivos o discriminatorios contra niños, niñas y adolescentes.
Otro de los aspectos contemplados es la soberanía digital. Para ello, las instituciones públicas deberán exigir a sus proveedores garantías de seguridad, trazabilidad y control de los datos, así como evitar la contratación de sistemas que no puedan ser auditados por el Estado.
El decreto también dispone la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un organismo consultivo y de coordinación que integrará instituciones estatales y representantes de sectores no gubernamentales, académicos y de la sociedad civil.
Las entidades públicas tendrán un plazo de 180 días calendario para adecuar sus procedimientos, registrar los sistemas tecnológicos que utilizan, designar funcionarios responsables y adoptar las medidas necesarias para cumplir con las nuevas disposiciones.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos del país por establecer una gobernanza responsable de la inteligencia artificial, en consonancia con principios y estándares internacionales promovidos por organismos como la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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