Pienso que mi pueblo, San Juan, merece mejor suerte: ser un centro productivo con altos niveles de prosperidad. Lo tiene todo para lograr ese objetivo, que no será alcanzable con la fragmentación social que sufre, la falta de oportunidades, transferencia de tecnología para la agropecuaria, infraestructura y la ausencia de una estrategia real para explotar su capital ecoturístico, recuperar el ecosistema, protegerlo y explotar sus riquezas naturales. La mina, bien regulada, transparente, pactada, vigilada, puede ser una fuente de riqueza y convivir con el oasis.
Sin embargo, pongo a un lado esa posición para analizar —dentro de mi oficio de consultor— el fenómeno de comunicación que se ha registrado en San Juan, un hecho digno de estudio y de reflexión para la esfera política, el movimiento social y el activismo digital de estos tiempos. El análisis se basa en un levantamiento netnográfico de miles de conversaciones en posts de perfiles de alto impacto. Arranco.
Hay momentos en los que una conversación digital deja de ser eso, una conversación, y empieza a comportarse como otra cosa. No es inmediato ni evidente. No hay un punto exacto en el que se pueda decir: “aquí comenzó”. Pero ocurre. Se acumulan frases, se repiten consignas, se cruzan emociones, aparecen referencias compartidas y, de pronto, lo que parecía disperso adquiere forma.
Eso es lo que está ocurriendo con San Juan. La discusión sobre la minería, en su origen, parecía un tema técnico más: estudios, impacto ambiental, desarrollo, inversión. Un debate clásico entre aprovechamiento económico y preservación de recursos. Sin embargo, en el tránsito hacia lo digital, ese debate se descompuso y se reconstruyó bajo otras reglas. Dejó de ser técnico, sectorial y negociable en los términos tradicionales.
En la red, San Juan no es una provincia. Es una idea. Lo que circula no son argumentos complejos, sino estructuras simples que condensan una visión del mundo. “Agua sí, oro no” no es solo una consigna. Es una síntesis moral. Es una forma de ordenar la realidad en dos polos incompatibles: vida y destrucción. En ese marco, cualquier matiz se vuelve sospechoso. No importa si alguien habla de minería responsable, de regulación o de evaluación técnica. Esos matices no logran entrar porque el conflicto ya no está en ese plano.
La política, acostumbrada a moverse en zonas grises, se encuentra aquí con un terreno completamente polarizado. Y, cuando la política llega tarde a ese terreno, lo que intenta hacer (explicar, matizar, contextualizar) es percibido como una forma de evasión o, peor aún, de complicidad. Por eso, la palabra “evaluación” genera rechazo, y no por lo que significa en términos institucionales, sino por lo que evoca en la percepción colectiva: un paso previo a una decisión ya tomada. En un contexto de baja confianza, el procedimiento, en lugar de tranquilizar, alarma.
Hay algo más profundo en juego. La conversación digital revela que el conflicto no es únicamente sobre minería. Es sobre confianza, o más bien sobre su ausencia. La gente no está discutiendo si el proyecto cumple con estándares. Está partiendo de la premisa de que esos estándares serán manipulados. No está evaluando si el Estado puede regular. Está asumiendo que el Estado está comprometido con otros intereses.
En ese punto, el problema deja de ser técnico y se convierte en estructural. No se trata de convencer con datos, sino de enfrentar una percepción de captura institucional. Y esa percepción no se corrige en una rueda de prensa ni en un comunicado bien redactado. Es el resultado de una acumulación histórica. A esto se suma otro elemento que potencia el conflicto: la memoria. Cotuí aparece una y otra vez en la conversación. No como un estudio de caso riguroso, sino como una referencia emocional. Es el ejemplo que confirma el miedo. No importa tanto si todos los detalles son exactos; lo que importa es que funciona como evidencia socialmente aceptada de lo que puede ocurrir.
La memoria, en estos contextos, no es un archivo del pasado. Es una herramienta para interpretar el presente. San Juan, entonces, no se defiende solo como territorio físico, sino también como posibilidad de no repetir una historia que ya se considera fallida en otro lugar. Esa defensa adopta rápidamente un tono identitario. “San Juan no se vende” no es una frase sobre economía; es una afirmación de dignidad. Es la construcción de un nosotros frente a un ellos.
Y ese “ellos” también se redefine. Al principio, podía ser la minera. Luego pasa a ser el gobierno. Finalmente, se amplía hasta incluir a todo un sistema político percibido como distante, corrupto o indiferente. En ese desplazamiento, el conflicto se vuelve más amplio y más difícil de gestionar. Lo interesante es que todo esto ocurre sin una dirección central. No hay un liderazgo único que articule el discurso. No hay una estructura formal que organice la protesta. Y, sin embargo, hay organización. Hay convocatoria. Hay sincronía. Hay repetición de ideas, de frases, de referencias. No porque alguien las imponga, sino porque funcionan.
Las redes sociales han desarrollado una capacidad particular: organizar sin jerarquía. No necesitan una cabeza visible para operar como sistema. Les basta con una narrativa compartida. Esa narrativa no solo describe la realidad; la produce. Convierte un tema local en una causa nacional. Permite que alguien en Santiago, en Santo Domingo o en la diáspora se sienta parte de lo que ocurre en San Juan. La protesta física tiene límites claros: geografía, tiempo, logística. La conversación digital no. Puede expandirse sin fricción y, en ese proceso, amplificar la percepción de consenso.
Y el consenso, aunque sea en gran medida percibido, tiene efectos reales. Presiona, condiciona, redefine los márgenes de acción de los actores políticos. Hay, sin embargo, una tensión interna. A medida que el movimiento crece, también aparecen expresiones más radicales. Lenguajes de confrontación, llamados a la violencia, descalificaciones extremas. No dominan toda la conversación, pero están presentes. Son el borde del movimiento. Y ese borde es peligroso, no solo por lo que propone, sino por lo que puede provocar.
Todo movimiento que se construye sobre una base moral fuerte enfrenta ese dilema: cómo sostener la intensidad sin perder legitimidad. Cómo canalizar la indignación sin que se desborde en formas que terminen debilitando la causa. San Juan está en ese punto. Lo que vemos no es una simple reacción a un proyecto minero. Es la cristalización de múltiples tensiones: ambientales, económicas, políticas, identitarias. Es un recordatorio de que los conflictos contemporáneos ya no se juegan solo en el territorio físico, sino en el simbólico. Y que, en ese terreno, la claridad narrativa puede ser más poderosa que cualquier informe técnico.
Para la política, la lección es incómoda. No basta con tener razón en términos procedimentales. No basta con cumplir con la ley. Si no existe una base de confianza, si no se entiende el valor simbólico de lo que está en juego, si no se reconoce que la gente no está hablando solo de minería, cualquier estrategia comunicacional llega incompleta.
Para los movimientos sociales, la lección es distinta, pero igual de exigente. Han demostrado que pueden construir sentido, articular identidad y movilizar sin estructuras tradicionales. Pero esa misma fuerza requiere responsabilidad. Porque, cuando el conflicto escala, también se multiplican los riesgos. San Juan, en este momento, no es solo un caso. Es un anticipo. Un ejemplo de cómo se están configurando las protestas en la era digital. Más horizontales, más simbólicas, más emocionales y, al mismo tiempo, más difíciles de encauzar.
La calle seguirá siendo importante. Pero ya no es el centro. El centro es la narrativa. Y en San Juan, esa narrativa ya encontró su forma.