La investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas otro elemento importante: los investigadores hallaron movimientos de fondos a través de criptomonedas que generaron un nuevo eje de duda sobre la justificación de su patrimonio y reactivaron inspecciones sobre la trazabilidad de sus activos digitales.
Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita detectó operaciones en plataformas de activos digitales, iniciando la pesquisa tras el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero no solo de Adorni sino también de su pareja, Bettina Angeletti, y de las sociedades que ambos integran. Los primeros informes de más de 20 exchanges —entre ellos, Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango— confirmaron que Adorni realizó movimientos de “entrada y salida” con activos como BTC, ETH y USDT. Las fuentes no confirmaron en qué año se realizaron esas operaciones.
Las plataformas y bancos digitales como Mercado Pago, Brubank, Open Bank, Personal Pay (Micro Sistemas), Digifin (Lemon), ágil Pagos, Credencial Argentina y Montemar recibieron oficios judiciales para aportar informes detallados: legajos, registros de movimientos y direcciones IP asociadas a las transacciones de Adorni, Angeletti y la firma MasBe, propiedad de la pareja. Los datos remitidos llegaron en respuesta al requerimiento de Pollicita y se encuentran bajo análisis en Comodoro Py.
Para responder a la pregunta central de la causa —si las operaciones inmobiliarias, reformas y viajes se condicen con el patrimonio declarado por Manuel Adorni—, la Justicia cotejó los bienes informados ante la Oficina Anticorrupción en 2024. La última declaración jurada muestra que el funcionario reportó USD 42.500, equivalentes a $43.732.500 al tipo de cambio oficial, una caja de ahorro en Estados Unidos con USD 6.220,23 (unos $6.400.616,67) y un patrimonio total de $107.894.833,66. A ello se suma una hipoteca privada por USD 100.000 con Graciela Molina y Victoria Cancio para la compra de la vivienda en el country Indio Cuá, más otros USD 20.000 invertidos en la operación, según consta en la escritura firmada por la escribana Adriana Nechevenko.
En la última declaración jurada presentada por el funcionario no figuran operaciones con criptomonedas para el periodo fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2024. La normativa establece que este tipo de activos digitales deben consignarse entre los bienes personales del funcionario.
La justicia también rastrea la trazabilidad de los fondos utilizados en viajes y remodelaciones. Testigos y documentación bancaria acreditan, entre otros gastos, USD 4.800 para un vuelo a Punta del Este, USD 5.140 para el regreso de Angeletti desde Nueva York a Buenos Aires, USD 5.800 para un viaje a Aruba en diciembre de 2024 y USD 8.900 en hospedaje en ese destino. El contratista Matías Tabar afirmó bajo juramento que las remodelaciones de la casa en Indio Cuá insumieron USD 245.000 en efectivo y sin factura, un dato que también figura en el expediente.
En conjunto, en poco más de un año el jefe de Gabinete movilizó USD 349.640, una cifra que la justicia considera desproporcionada respecto a sus ingresos como funcionario público y cuyos comprobantes de bancarización o facturación no aparecen en los registros evaluados por la fiscalía.
Pollicita avanza en la consolidación de la información pendiente: aguarda nuevos datos de billeteras virtuales y exchanges de criptomonedas para precisar el monto total involucrado en las operaciones asociadas a Adorni y a Angeletti. Además, pidió al Banco Central de la República Argentina que informe, para el periodo comprendido desde el 1° de enero de 2022 hasta la fecha, el historial completo de cuentas bancarias, cuentas corrientes, cajas de ahorro, productos financieros, créditos, préstamos y todo tipo de operatoria financiera en las que figure Adorni o sus empresas.
Al ser consultado, Manuel Adorni aseguró que “todo quedará clarificado cuando se conozca su última declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025”, posición que refuerza la línea de defensa frente a las discrepancias temporales y numéricas señaladas en la causa. También negó la veracidad de las cifras aportadas por el contratista Tabar y adujo que “tienen todos los papeles en orden”.
La investigación, según las fuentes citadas, está orientada a determinar si los activos, tanto inmuebles como fondos y viajes, están debidamente justificados por ingresos lícitos y declarados, y si existe correlación entre la documentación patrimonial y las erogaciones concretadas.
El avance en el rastreo de fondos digitales a través de exchanges y plataformas locales e internacionales representa un cambio de método en el seguimiento de presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito en funcionarios públicos. Según la información a la que accedió Infobae, nuevos análisis de “trazabilidad” de criptoactivos podrían ampliar el alcance de la causa y derivar en requerimientos adicionales a proveedores de servicios de pago.
Actualmente, la causa sigue sumando datos y espera información relevante de bancos y plataformas digitales. Mientras tanto, la defensa de Manuel Adorni sostiene que la publicación de su declaración jurada de 2025 permitirá esclarecer los montos movilizados y el origen de los fondos bajo investigación.