Los acreedores que litigan contra España por el recorte de las primas a las energías renovables han intensificado sus medidas de presión para cobrar indemnizaciones reconocidas en arbitrajes internacionales. Los fondos oportunistas que han adquirido los derechos de representación y cobro en estos pleitos han obtenido luz verde de la justicia estadounidense para rastrear más activos y bienes españoles susceptibles de embargo en todo Estados Unidos, según fuentes jurídicas conocedoras de estos procedimientos. Así, en el marco de la amenaza de bloquear pagos y cobros vinculados a la participación de la selección española en el Mundial de Fútbol que se celebrará en Estados Unidos, los demandantes han advertido de que extenderán las peticiones de embargo en todos aquellos territorios a los que el conjunto nacional se desplace durante el torneo.
Durante el último semestre de 2025, el Tribunal del Distrito de Columbia ―órgano competente en Estados Unidos para resolver disputas de derecho mercantil internacional― asumió el criterio de la Corte de Apelaciones de ese distrito federal, que un año antes rechazó que España gozara de inmunidad soberana para eludir el pago de las indemnizaciones reconocidas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a varios inversores de las renovables. El tribunal aceptó iniciar los procedimientos de reconocimiento y ejecución de siete de los 27 laudos dictados por la corte arbitral del Banco Mundial, al considerar que tienen carácter de sentencia firme.
Esta decisión abrió la puerta a que los demandantes solicitaran el embargo de activos y bienes españoles como medida cautelar para garantizar el cobro de las compensaciones derivadas del recorte retroactivo de las primas a las renovables tras la reforma eléctrica de 2013.
Ante la negativa del Estado español de satisfacer estas indemnizaciones ―la defensa española alega que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha limitado la validez de los arbitrajes entre inversores comunitarios y Estados miembros, y que la Comisión Europea debe autorizar dichos pagos―, los inversores y fondos oportunistas, encabezados por Blasket Renewable Investments, solicitaron el embargo de activos españoles en varios países, como Reino Unido, Bélgica y Países Bajos, para tratar de asegurar una deuda que, por el momento, asciende a más 1.800 millones de euros (2.300 millones, si se suman las costas de los litigios e intereses legales y de demora).
En este contexto, los demandantes solicitaron también en Estados Unidos el requerimiento judicial de diversa información bancaria y de contratos (incluyendo facturas, recibos, registros de transacciones, estados de cuenta y confirmaciones de transferencias bancarias) a proveedores de la selección española durante el Mundial, que se celebrará entre los próximos 11 de junio y 19 de julio. Entre las empresas figuran Adidas, las cadenas hoteleras Vision Hospitality y Hilton, o la Baylor School, en Chattanooga (Tennesse), cuyas instalaciones deportivas han sido elegidas como campamento base. De este modo, los acreedores buscan cualquier fuente de financiación susceptible de embargo, como pueden ser subvenciones públicas, fondos de la FIFA y contratos de televisión.
Ahora, el rastreo de activos puede realizarse de forma más amplia después de que la justicia de Columbia haya autorizado a desplegar las actuaciones en todo el territorio estadounidense, y no solo en Washington, según consta en una resolución del pasado 10 de abril consultada por este periódico. En ese fallo, la jueza Beryl A. Howell ha aceptado que el fondo Blasket registre en otros distritos de Estados Unidos la sentencia que da validez a uno de los siete casos registrados, la relativa a la demanda de Watkins Holdings y otros inversores, cuya indemnización se estimó en 77 millones de euros.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica subrayan que estos procedimientos de localización de activos (que en el argot judicial estadounidense se denomina fase de discovery) “no afectan a la operativa de España y menos aún de la Federación española de Fútbol, a través de la selección española, al ser una entidad independiente del Estado”.
Bloqueos en una docena de distritos
Así las cosas, los abogados de los acreedores ya han solicitado el registro de ese caso en una docena de distritos para iniciar posibles acciones de embargo en dichos territorios, según han informado las fuentes jurídicas consultadas. Esto incluye los estados donde está previsto que la selección española dispute algún partido o entrene durante el campeonato de fútbol, así como cualquier otro lugar donde España tenga actividad económica o contractual. Un activo potencial para ser embargado o inmovilizado de manera cautelar, señalan las mismas fuentes, podría ser los medios de transportes utilizados por las instituciones españolas en desplazamientos oficiales a Estados Unidos, como aviones oficiales.
Además de los movimientos de la selección española, los acreedores han puesto en el foco un contrato de defensa aérea firmado con la estadounidense Raytheon, filial de RTX, para el suministro de cuatro sistemas antimisiles Patriot, valorado en 1.440 millones de euros (1.700 millones de dólares, al cambio). Las fuentes indican que los equipos legales de los demandantes estudian distintas vías para intentar bloquear esta operación, anunciada en diciembre de 2025, o intervenir posibles pagos adelantados.
Asimismo, con el último respaldo judicial en Columbia, los fondos oportunistas han activado nuevas órdenes de búsqueda a través de organismos como la Reserva Federal norteamericana (Fed) o The Clearing House Payments Company, la asociación bancaria y empresa de compensación y liquidación de pagos en dólares entre grandes entidades financieras (propiedad de los bancos comerciales más grandes del país). Los acreedores buscan con ello acceder a más información sobre cuentas, depósitos, transferencias y flujos financieros procesados por el sistema bancario estadounidense desde noviembre de 2021, momento en que comenzaron a producirse los primeros reconocimientos judiciales de deuda contra España en Estados Unidos.
España ha recurrido al Tribunal Supremo de EE UU para que asuma este asunto y retire la competencia a Columbia en la tramitación de los siete laudos por las renovables que condenan a España, cuyas indemnizaciones reconocidas suman más de 600 millones de euros. Mientras tanto, la defensa del Estado español ha pedido paralizar las peticiones de embargo, pero sin éxito. Las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que esperan que el próximo 21 de mayo el Solicitor General (procurador general), figura similar al abogado del Estado español, emita su opinión sobre si el alto tribunal debe afrontar este caso. A partir de ahí, el Supremo puede solicitar nuevas alegaciones a España. Si eso sucede, se prevé que la sentencia se dicte después del verano.