Héctor Castro Santana, nieto de Ramón Castro y bisnieto de Ángel Castro Argiz —padre de Fidel y Raúl—, figura como administrador mancomunado de MAY Energía España SL, la subsidiaria española de la petrolera australiana Melbana Energy Limited que el gobierno cubano autorizó para exportar el crudo extraído del Bloque 9 en Cuba, según una investigación de la periodista Salome Garcia publicada en Substack.
La empresa fue constituida el 25 de abril de 2024 y su acto de constitución se publicó en junio de ese año en el Boletín Oficial del Registro Mercantil español.
Su domicilio es la Calle Alcalá 114 – 1º A, Madrid, la misma dirección desde la que opera The CC Law Firm, el bufete de abogados de Castro Santana.
Junto a él figuran como administradores mancomunados Andrew Gerard Purcell, presidente de Melbana, y, desde enero de 2025, Uno Makotsvana, director financiero de la compañía.
La estructura mancomunada implica que se requiere la firma de todos los administradores para autorizar cualquier acción, lo que otorga a la familia Castro control directo sobre la venta del crudo cubano a través de una empresa radicada en el extranjero.
La investigación señala que este esquema permitiría a la familia Castro manejar directamente la venta del petróleo del Bloque 9, eludiendo tanto al conglomerado empresarial GAESA como a la empresa petrolera estatal CUPET.
Castro Santana se licenció en Derecho por la Universidad de La Habana en 1999 y se mudó a España a los 24 años haciendo uso de su ciudadanía española, que comparten otros miembros de la familia por el origen gallego de Ángel Castro.
En una entrevista de 2018 al medio gallego El Progreso, reconoció mantener buenas relaciones con su tío abuelo Raúl Castro y con la embajada de Cuba en España.
En 2021, Castro Santana administraba en España los bufetes The CC Law Firm y Boza Abogados y Consultores SL, la inmobiliaria Elite Real Estate & Consultancy SL, y la productora de eventos Hummo Productions SL.
Una investigación de YucaByte publicada en 2024 reveló además su vinculación con empresas dedicadas a exportar desde Cuba carbón vegetal, aguardientes, miel, frutas, pescados y mariscos.
Melbana Energy Limited obtuvo en septiembre de 2015 el 100% de los derechos de extracción por 25 años en el Bloque 9, un área de 2.380 km² ubicada a 140 km al este de La Habana, mediante contrato de producción compartida con CUPET.
En 2020 se asoció con la petrolera estatal angolana Sonangol, que asumió el 70% de participación a cambio de financiar el 85% de las perforaciones.
En 2023, Melbana anunció el hallazgo de petróleo ligero en el pozo Alameda-2, en el municipio de Martí, Matanzas, con un flujo de 1.903 barriles por día, que expertos de CUPET calificaron como uno de los resultados «más positivos obtenidos en los últimos años por los inversionistas extranjeros que operan en Cuba».
El hallazgo fue confirmado por las autoridades cubanas y generó expectativas sobre el potencial exportador del Bloque 9.
Sin embargo, la operación atraviesa dificultades. En diciembre de 2025, Sonangol incumplió pagos por 23,5 millones de dólares y solicitó aplazar perforaciones.
En abril de 2026, Melbana notificó el incumplimiento y consideró que Sonangol se retiró del Bloque 9, iniciando gestiones para asumir su participación del 70%.
Al cierre del año fiscal 2025, el inventario total era de apenas 22.863 barriles, valorados en aproximadamente 1,5 millones de dólares, mientras Cuba necesita alrededor de 100.000 barriles diarios para satisfacer su demanda nacional.
El hallazgo llega en un momento de máxima presión sobre las operaciones extranjeras en Cuba. El 1 de mayo de 2026, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplía sanciones contra personas extranjeras que operen en sectores sensibles de la economía cubana, incluyendo energía, defensa y minería.
Como respuesta inmediata, la minera canadiense Sherritt International anunció la suspensión de todas sus empresas conjuntas en Cuba el pasado jueves, adelantándose a una posible designación como entidad sancionada.
Melbana no ha emitido pronunciamiento público al respecto.
Queda por ver si la junta directiva de la petrolera australiana estará dispuesta a cooperar con la justicia estadounidense, de ser requerida, para revelar los términos de sus acuerdos con la familia Castro.