La procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, reiteró el compromiso del Ministerio Público de continuar con la persecución de la corrupción, asegurando que la institución “no detendrá la lucha contra la corrupción bajo ninguna circunstancia”. Reynoso afirmó en un comunicado que este esfuerzo es tanto una obligación constitucional como una convicción personal, y enfatizó que la corrupción representa una grave violación a los derechos humanos.
La funcionaria explicó que cada recurso público desviado impacta directamente en la calidad de vida de la población, afectando servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad ciudadana.
“Cada recurso público desviado significa menos salud en nuestros hospitales, menos calidad en la educación de nuestros niños, menos seguridad en nuestras calles y un robo directo a las oportunidades de las presentes y futuras generaciones”, aseguró.
Sobre las recientes decisiones judiciales que han favorecido a imputados, Reynoso subrayó que el Ministerio Público ejercerá su deber de apelar, al contar con pruebas y testimonios suficientes para sostener las acusaciones. “He participado directamente en las investigaciones y conozco las pruebas de primera mano”, sostuvo. Añadió que permitir la validez de decisiones judiciales que no se sustentan en derecho sería injusto para el país, y que las pruebas y la acusación están disponibles para consulta pública.
Reynoso puntualizó que, en uno de los casos más recientes, un imputado admitió haber recibido más de 700 millones de pesos en efectivo (aproximadamente a $12,045,998) provenientes de actos de corrupción. “No podemos ignorar la verdad. Fuimos testigos de cómo un imputado, hoy favorecido con un no ha lugar, admitió en nuestra presencia y en la de sus abogados haber recibido más de 700 millones de pesos en efectivo, dinero proveniente de actos de corrupción”, detalló.
La procuradora insistió en que el Ministerio Público agotará todos los recursos procesales disponibles para asegurar que las pruebas y participaciones criminales sean conocidas en juicio de fondo. “Corresponderá a las demás instancias judiciales asumir, conforme al derecho, la responsabilidad que les toca”, expresó Reynoso.
En su declaración, Reynoso también se refirió a los ataques recibidos por parte de quienes, según sus palabras, apuestan a la impunidad, y aseguró que la institución mantendrá una postura firme y persistente.
“Quienes apuestan a la impunidad pueden seguir gastando millones en campañas, mentiras e intentos de desnaturalizar la verdad. Sin embargo, el país debe saber algo con absoluta certeza: jamás van a doblegar nuestra voluntad inquebrantable de hacer lo correcto”, señaló.
La procuradora destacó los logros alcanzados en la lucha contra la corrupción, como la acusación de 274 personas físicas y jurídicas, la obtención de 74 condenas, la apertura de 174 juicios y el decomiso de más de 6,000 millones de pesos a favor del Estado. Además, mencionó la aplicación de herramientas legales como la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Compras y Contrataciones, así como el reconocimiento internacional del país en materia de combate a la corrupción.
Pese a estos avances, Reynoso reconoció la existencia de desafíos estructurales e históricos que persisten y que el Ministerio Público continuará enfrentando. “Ser pasivos ante los actos de corrupción equivale a permitir que nos roben el presente y el futuro de nuestra nación”, afirmó.
Finalmente, Reynoso subrayó que las acusaciones y pruebas presentadas son públicas y que la institución seguirá defendiendo una justicia centrada en las personas, con el objetivo de garantizar que el patrimonio del Estado beneficie a toda la sociedad y no a intereses particulares.