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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La directora ejecutiva del Instituto de Salud Mental y Telepsicología, Angelina Sosa advirtió este miércoles sobre la necesidad de fortalecer la atención en salud mental dentro del sistema penitenciario del país, al considerar que las personas privadas de libertad constituyen una población altamente vulnerable a trastornos emocionales y psicológicos.
Sosa afirmó que la salud mental representa uno de los principales desafíos de salud pública y que la situación puede agravarse cuando una persona que presenta condiciones psicológicas previas, es recluida en un centro penitenciario sin recibir el acompañamiento profesional adecuado.
“La salud es un derecho universal y por tanto, independientemente de la condición legal de una persona, esta debe ser garantizada”, expresó.
La experta se expresó en estos términos al ser entrevistada por los comunicadores Yannerys Paulino, Brinio Batista e Hilaria Hilario en el programa “El Mundo Hoy”, transmitido por la plataforma digital de “El Nuevo Diario TV”.
(Ver programa).
La profesional de la salud señaló que diversos informes elaborados por la Defensoría del Pueblo han evidenciado importantes carencias en la atención de salud mental dentro de los recintos penitenciarios del país, donde los internos enfrentan mayores niveles de estrés, ansiedad y problemas asociados al consumo de sustancias.
Asimismo, indicó que muchas personas que ingresan a prisión con diagnósticos previos de trastornos mentales no reciben de manera oportuna servicios de psiquiatría, psicológico ni los medicamentos necesarios para mantener su estabilidad emocional.
Sosa valoró positivamente la reciente iniciativa impulsada por la Dirección General de Prisiones para desarrollar jornadas de salud mental en centros penitenciarios.
No obstante, consideró que estos esfuerzos deben extenderse de manera permanente y no limitarse a actividades puntuales.
“No podemos hablar de rehabilitación de las personas que han cometido delitos sin hablar de intervenciones efectivas en su salud mental”, manifestó.
En ese sentido, propuso la implementación de programas continuos enfocados en el manejo de la ansiedad, la resolución de conflictos, el fortalecimiento de habilidades sociales y el desarrollo de herramientas que faciliten la reinserción de los privados de libertad a la sociedad.
Explicó que aunque existe una legislación sobre salud mental, todavía persisten vacíos que dificultan determinar el abordaje adecuado para personas con enfermedades mentales graves involucradas en hechos delictivos.
“Una persona con una enfermedad mental grave no debería cumplir condena en las mismas condiciones que otra que cometió un delito sin presentar este tipo de trastornos”, sostuvo.
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