Santo Domingo.- A pesar de los avances en el acceso a medicamentos antirretrovirales en República Dominicana, las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) continúan enfrentando discriminación social, obstáculos laborales y gastos ocultos que afectan su calidad de vida.
“Conseguir el tratamiento no es el problema; el problema es todo lo que viene con el diagnóstico”, afirma José (nombre ficticio), quien relató que, tras conocerse su condición, fue desvinculado de su empleo sin explicación formal, luego de realizarle esa prueba sin su consentimiento.
Su caso no es aislado. Según Melvin Brioso, gerente técnico del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), una de las problemáticas más graves es la realización de pruebas de VIH sin consentimiento en procesos de contratación, lo cual está prohibido por ley.
“En la mayoría de los casos ni siquiera les informan a las personas; les hacen la prueba y luego les niegan el trabajo”, enfatizó, al explicar que esto conlleva una doble afectación, pues la persona no consigue empleo y tampoco recibe información sobre el diagnóstico para iniciar el tratamiento.
Brioso calificó esta práctica como “criminal”, ya que impide que las personas diagnosticadas accedan oportunamente a los servicios de salud, retrasando su tratamiento y aumentando el riesgo de transmisión del virus.
Acceso garantizado, pero con desafíos
Cabe destacar que el país ha sido reconocido por garantizar el acceso universal y gratuito a los medicamentos antirretrovirales, lo que ha sido posible por el trabajo coordinado de varias entidades a través de la denominada “mesa de medicamentos”.
“En esta mesa se analizan los consumos, el comportamiento del uso de los fármacos y se hacen las estimaciones necesarias para garantizar el abastecimiento. Esto ha permitido que ninguna persona en el país se quede sin su tratamiento”, afirmó Brioso al participar en el taller para periodistas “VIH en la agenda pública: herramientas clave para un periodismo informado y responsable”.
Además, destacó que incluso terapias innovadoras, como algunos tratamientos inyectables, como el que iniciarán en septiembre, están siendo cubiertas por el sistema público, lo que coloca al país como referente regional en la respuesta al VIH.
Sin embargo, aclaró que el acceso a medicamentos no elimina otros obstáculos como es trasladarse largas distancias para recibir atención, en muchos casos para evitar ser reconocidos en sus comunidades.
En esto coincidió José, quien comentó que vive en Santo Domingo Este con su pareja, la cual no tiene la condición, hacia el Distrito Nacional para recoger su tratamiento.
Aunque ha vivido discriminación por su condición, manifestó que actualmente está laborando en otra empresa y tiene una carga viral suprimida por su adherencia a los medicamentos.
Plan para reducir estigma y acercar servicios
Ante esta realidad, Conavihsida impulsa el Plan de Integración de los Servicios, una estrategia que busca descentralizar la atención y llevarla al primer nivel de salud, reduciendo así el estigma y los gastos asociados.
“El objetivo es que una persona con VIH pueda recibir atención en el centro de salud más cercano, sin necesidad de acudir a unidades especializadas que, muchas veces, revelan su condición”, declaró Brioso.
El plan ya se implementa en provincias como Santiago, Higüey, Santo Domingo, específicamente en Los Alcarrizos, y Monte Plata, y se proyecta expandirlo a al menos 14 centros adicionales en los próximos dos años.
Además de mejorar el acceso, esta estrategia busca normalizar el tratamiento del VIH como una condición crónica, similar a la diabetes o la hipertensión.
Meta 2030: un reto posible, pero complejo
República Dominicana ha adoptado el compromiso de poner fin al VIH como problema de salud pública para el año 2030, alineado con los objetivos globales 95-95-95, esto es, que el 95% de las personas conozca su diagnóstico, el 95% esté en tratamiento y el 95% logre la supresión viral.
El país ya ha alcanzado el primer objetivo, con aproximadamente 81,378 diagnosticadas, pero aún enfrenta desafíos en la retención de pacientes en tratamiento, con más de 20 mil personas que han abandonado la terapia, en su mayoría haitianos, y en la eliminación del estigma.
“Si nosotros logramos tener a todas las personas en este territorio en tratamiento antirretroviral y lograr que tengan carga viral suprimida, nosotros vamos a lograr controlar la epidemia al 2030”, explicó la doctora Rosa Sánchez, coordinadora de Monitoreo y Evaluación. de Conavihsida.
Sostuvo que no importa nacionalidad, raza, si son trabajadoras sexuales o un hombre que tiene sexo con otros hombres, todos reciben el tratamiento como parte de un control microbiano.