La silla quedó vacía. Mientras el pleno del Jurado Nacional de Elecciones proclamaba oficialmente a la ganadora de las elecciones presidenciales, este viernes, en su sede del distrito limeño de Jesús María, Keiko Fujimori no estaba allí para recibir el resultado que había perseguido durante tres campañas fallidas y más de una década de insistencia. En representación de la lideresa de Fuerza Popular asistieron únicamente los personeros legales de su partido. La escena sorprendía porque, después de perder por márgenes mínimos frente a Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021, la hija de Alberto Fujimori por fin había conseguido cruzar la meta.
La ceremonia ocurría en Jesús María, pero el verdadero centro político de la jornada estaba en el local de Fuerza Popular, en el distrito de San Isidro. Desde allí, Fujimori siguió la proclamación y esperó el instante exacto para comenzar la siguiente etapa. Apenas el Jurado terminó de oficializar los resultados, aparecieron las nuevas cuentas de su gobierno en redes sociales. Facebook, TikTok y las demás plataformas comenzaron a difundir un mismo lema: “Presidenta Electa del Perú”. No es una simple decisión de marketing político. Tiene un aura de celebración, pero también de revancha. Después de tres derrotas consecutivas, Fujimori parece decidida a que sus adversarios no olviden quién ha ganado esta vez.
Aunque el agónico conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales concluyó a los 22 días de las elecciones y ha confirmado la victoria de Keiko Fujimori por menos de un 1%, su adversario Roberto Sánchez continúa rechazando el resultado. El líder de Juntos por el Perú sostiene que hubo irregularidades en el voto emitido por los peruanos en el extranjero, ha llevado su denuncia hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se niega a reconocer a quien, desde este viernes, ya tiene un título oficial: presidenta electa.
Las últimas horas tampoco fueron favorables para la estrategia del heredero político de Pedro Castillo. Horas antes de la proclamación, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó el último recurso con el que pretendía anular los votos de los peruanos residentes en el extranjero y revertir el resultado de la segunda vuelta. Casi al mismo tiempo, el Poder Judicial declaró improcedente el hábeas corpus presentado por Antauro Humala, uno de sus aliados políticos, que buscaba impedir la proclamación alegando que Keiko Fujimori, por sus orígenes nikkei, debía renunciar a una supuesta nacionalidad japonesa antes de asumir la Presidencia. Dos decisiones que terminaron despejando el camino para la proclamación.
Con ese escenario resuelto, Fujimori no perdió tiempo en explicar cuál es su prioridad. “Hoy cerramos la etapa electoral y, si bien la asunción del mando es el 28 de julio, todo el equipo se concentrará en el proceso de transferencia”, afirmó durante una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas. El mensaje dejaba claro que, para ella, la campaña había terminado y el gobierno empezaba mucho antes de la juramentación. Todavía faltan dos ceremonias importantes: el 15 de julio recibirá las credenciales para los próximos cinco años en el Teatro Nacional de Lima y el 28 de julio, durante las celebraciones por la Independencia, asumirá oficialmente el mando. Pero la presidenta electa quiso transmitir la idea de que no esperará ninguna de esas fechas para comenzar a actuar.
Este viernes se ha anunciado la creación de la Oficina de la Presidenta Electa, un mecanismo destinado a conducir el proceso de transferencia con el gobierno de José María Balcázar y preparar la llegada de la nueva administración a Palacio. “Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más, porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones. Por eso hemos decidido poner en marcha la Oficina de la Presidenta Electa”, señaló. Miguel Torres, segundo vicepresidente y senador electo, integrará el equipo junto con el dirigente Marco Vinelli, quien asumirá la jefatura del proceso. La misión será elaborar un diagnóstico técnico de cada ministerio para conocer el estado de los programas, las obras, los proyectos y los recursos disponibles antes del cambio de mando.
El discurso con el que Fujimori abrió esta nueva etapa también pretende marcar distancia de la confrontación. “Hoy comienza una nueva etapa para el Perú, una etapa de responsabilidad, de diálogo y de resultados; una etapa para recuperar la confianza en nuestras instituciones y volver a poner el Estado al servicio de las personas. Los convoco a mirar hacia adelante, a construir juntos un país más seguro, más próspero y más unido, porque el Perú es mucho más grande que nuestras diferencias y, cuando trabajamos unidos, lo podemos lograr todo”, dijo. Más adelante prometió un gobierno “abierto, digital y cercano”: abierto para transparentar las decisiones públicas y el uso de los recursos del Estado; digital para simplificar trámites y reducir la burocracia; y cercano para escuchar a los ciudadanos allí donde más lo necesiten.
No será una tarea sencilla. Fujimori llega a Palacio convertida en la primera mujer elegida para gobernar el Perú, pero también arrastra uno de los niveles de rechazo más altos de la política nacional. Amplios sectores la responsabilizan de la inestabilidad que el país ha vivido durante la última década, marcada por enfrentamientos permanentes entre el Ejecutivo y el Congreso, vacancias presidenciales y una sucesión de gobiernos que ha erosionado la confianza en las instituciones. Tampoco ha obtenido un respaldo uniforme en las urnas. Ganó únicamente en nueve de las veinticinco regiones del país, mientras el resto se inclinó por Roberto Sánchez, confirmando un mapa político profundamente dividido.
Mientras Fujimori organizaba la transición desde Lima, Roberto Sánchez recorría Puno, una de las regiones donde el antifujimorismo conserva mayor arraigo. Allí se reunió con la Asociación de los Familiares de los Mártires de Juliaca, que exige justicia por la muerte de 18 personas y los más de cien heridos que dejaron las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte a comienzos de 2023.
Fuera del país, en cambio, la discusión parecía cerrada. Durante las horas posteriores a la proclamación llegaron los saludos protocolares de gobernantes ideológicamente cercanos a Fujimori, como Javier Milei, José Antonio Kast, Abelardo de la Espriella y Nayib Bukele, pero también de dirigentes ubicados en la otra orilla política. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le deseó éxito en la tarea de “unir al pueblo peruano en torno a un proyecto común de desarrollo”, mientras la Unión Europea manifestó su disposición para fortalecer la cooperación en comercio, inversión, seguridad y desarrollo sostenible.
La transición ya está en marcha. Pero el primer debate del gobierno de Fujimori parece haberse instalado incluso antes de jurar el cargo. Los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo buscan recuperar su libertad mediante un indulto por razones humanitarias. La pregunta ya empezó a circular en los pasillos políticos.