Santo Domingo.– La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) informó que, tras las declaraciones de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP) sobre evaluar la suspensión de servicios de salud a afiliados de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), la entidad advierte que la atención en salud constituye una obligación legal y que no debe ser suspendida por intereses económicos entre clínicas y ARS.
En ese sentido, el director general de la DIDA, Elías Báez, advirtió a las clínicas privadas que la atención oportuna a los afiliados de la Seguridad Social no constituye una facultad discrecional, sino una obligación establecida en la legislación dominicana y en las normas que regulan el sistema de salud y seguridad social.
Báez recordó que la Ley 87-01 reconoce el derecho de los afiliados a recibir prestaciones de salud oportunas y de calidad, mientras que la Ley General de Salud 42-01 establece la responsabilidad de los prestadores de garantizar servicios de salud accesibles, continuos y oportunos para la población.
También, hizo un llamado a los médicos, reconociendo su derecho a reclamar y defender sus demandas, pero enfatizando que estas acciones no deben afectar ni vulnerar la atención que reciben los afiliados del sistema.
En ese sentido, el funcionario reiteró que el derecho a la salud de los afiliados debe prevalecer en todo momento y que todos los actores que integran el Sistema Dominicano de Seguridad Social están llamados a actuar conforme a los principios de oportunidad, continuidad y calidad en la prestación de los servicios de salud.
Asimismo, informó que la DIDA mantendrá una vigilancia permanente mediante el monitoreo constante de la calidad y oportunidad de los servicios de salud y reforzará sus protocolos de asistencia y orientación disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para acompañar y asistir a los afiliados ante cualquier situación que pueda afectar el ejercicio de sus derechos.
La institución recordó a los afiliados que pueden canalizar denuncias, reclamaciones o solicitudes de orientación a través de sus distintos canales de atención, a fin de garantizar la protección efectiva de sus derechos dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.