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La estabilidad económica de un país también se comunica. Cuando un gobierno logra instalar un relato coherente, cada funcionario termina convirtiéndose, consciente o no, en portavoz de una misma narrativa. En los últimos días, tanto el director del Servicio Regional de Salud Ozama, al responder las inquietudes de comunitarios sobre la Plaza Sanitaria Luis Eduardo Aybar, como el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, al destacar la política de los llamados hospitales cero deuda, han contribuido a consolidar una idea fuerza: la salud pública avanza porque sus instituciones muestran estabilidad financiera y una mayor capacidad de gestión.
Es una narrativa legítima. Administrar correctamente los recursos públicos constituye una obligación del Estado y ningún ciudadano sensato podría desear hospitales endeudados o financieramente inviables. El problema comienza cuando ese indicador pretende convertirse en la principal evidencia del éxito del sistema de salud.
Porque los balances contables no enferman.
Los cuerpos sí.
Mientras el discurso institucional celebra hospitales sin deuda, la realidad cotidiana continúa dibujando otra cartografía. Es la del paciente que pierde una pierna por complicaciones de la diabetes; la del joven atravesado por la violencia que ocupa una cama de trauma; la de la mujer hipertensa que interrumpe su tratamiento porque no puede adquirir todos sus medicamentos; la del adulto mayor cuya pensión desaparece cada mes entre recetas, estudios diagnósticos y consultas privadas.
Esa geografía del sufrimiento rara vez aparece en las ruedas de prensa. Tampoco suele reflejarse en los indicadores que ocupan los titulares.
Paradójicamente, pareciera que los hospitales han salido de cuidados intensivos financieros. La verdadera pregunta es si esa recuperación también ha alcanzado a los pacientes.
Un sistema de salud no fue creado para producir balances financieros. Fue creado para disminuir el sufrimiento, proteger la vida y ofrecer seguridad a las personas. Esa diferencia cambia completamente el sentido del debate.
La estabilidad financiera constituye una condición necesaria para gestionar hospitales. Pero nunca será suficiente para demostrar que una población está mejor protegida.
Si así fuera, resultaría difícil explicar por qué el gasto de bolsillo continúa representando una de las principales causas de empobrecimiento de las familias dominicanas. Tampoco sería sencillo comprender por qué el propio Estado ha debido incrementar de manera sostenida la compra de servicios al sector privado para responder a necesidades asistenciales de una población que, en gran medida, pertenece al régimen subsidiado de la Seguridad Social.
Esa es la paradoja que hoy atraviesa la política sanitaria dominicana. Mientras el financiamiento de la demanda ha encontrado mecanismos para expandirse, el fortalecimiento de la oferta pública continúa avanzando a un ritmo insuficiente. El resultado es conocido: hospitales que realizan más consultas, más cirugías y más estudios, pero que siguen enfrentando limitaciones estructurales para responder a una demanda cada vez más compleja.
Y aquí aparece la pregunta que quizá debería ocupar el centro del debate.
En pleno siglo XXI, un hospital moderno no se define únicamente por edificios remodelados, equipos de última generación o la capacidad de cerrar el año sin deudas.
Su verdadero valor reside en la arquitectura invisible que protege al paciente. Una arquitectura formada por múltiples capas de seguridad: liderazgo clínico, gestión permanente del riesgo, protocolos dinámicos, auditoría clínica, tecnologías seguras, mantenimiento oportuno de la infraestructura y los equipos, manejo riguroso de los medicamentos de alto riesgo, capacitación continua del personal, una cultura institucional orientada al aprendizaje y una integración efectiva entre los distintos servicios. Cuando esas capas funcionan de manera articulada, disminuyen la probabilidad de daño evitable y generan protección simultánea para el paciente, los profesionales de la salud y la propia institución.
Sin embargo, esa arquitectura casi nunca ocupa el centro del discurso oficial. Se presentan cifras de producción, se celebran indicadores administrativos y se exhiben resultados financieros, pero pocas veces se informa cuánto riesgo logró evitar el sistema o cuánta seguridad ganó realmente el paciente.
No se trata de restar valor a los avances administrativos. Administrar correctamente los recursos públicos es indispensable. Lo discutible es asumir que administrar mejor equivale, automáticamente, a proteger mejor.
Son cosas distintas.
Y confundirlas puede conducir a una peligrosa ilusión de éxito.
La Plaza Sanitaria Luis Eduardo Aybar representa quizá el mejor ejemplo de esa complejidad. Allí convergen centros nacionales de referencia donde cada decisión involucra pacientes críticos, procedimientos altamente especializados y riesgos clínicos que exigen mucho más que equilibrio financiero.
Exigen instituciones capaces de anticiparse al daño antes de que ocurra.
La verdadera modernización de un sistema de salud no comienza cuando desaparecen las deudas.
Comienza cuando disminuye la probabilidad de daño para quien cruza la puerta de un hospital.
La mejor protección de un hospital no se encuentra únicamente en sus estados financieros.
Se encuentra en la tranquilidad de una madre que recibe atención oportuna para su hijo sin endeudarse; en el paciente diabético que conserva su extremidad gracias a una atención continua; en la víctima de un accidente que encuentra una red pública preparada para responder; en el adulto mayor que no tiene que escoger entre comprar sus medicamentos o alimentar a su familia.
Hay deudas que pagan los hospitales. Hay otras que terminan pagándolas los pacientes.
Esa es la única estabilidad que finalmente reconoce la población.
Los balances financieros pueden cerrar al final de cada año. La confianza ciudadana, en cambio, solo se construye cuando cada consulta, cada cirugía y cada emergencia confirman que el sistema fue capaz de proteger el cuerpo, la dignidad y el patrimonio de las personas.
Porque un hospital sin deudas puede ser motivo de satisfacción administrativa. Un paciente protegido constituye la verdadera medida del éxito de un sistema de salud.
Por Roberto Lafontaine
Miembro del Núcleo República Dominicana – GT Salud Internacional y Soberanía Sanitaria (CLACSO). Profesor universitario y exdirector de hospitales.