Bloomberg Línea — Las zonas francas en América Latina operan bajo un profundo proceso de transformación estructural, presionadas por la relocalización de las cadenas de suministro globales (nearshoring) y la necesidad de las empresas de reducir riesgos logísticos.
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De acuerdo con un informe de la consultora EY, estos enclaves han pasado de ser herramientas de optimización fiscal a convertirse en un catalizador de transformación productiva y un punto de anclaje para la estrategia regional de competitividad.
El estudio detalla que la región cuenta con un sector maduro que ha superado la fase de adopción inicial.
En la actualidad, operan más de 800 zonas francas que albergan a unas 10.000 empresas. En conjunto, este tejido corporativo genera exportaciones anuales que superan los US$60.000 millones y sostiene más de 3,2 millones de empleos formales entre puestos de trabajo directos e indirectos.
| País | Zonas francas por país |
|---|---|
| República Dominicana | 286 |
| Honduras | 151 |
| Colombia | 112 |
| Costa Rica | 85 |
| Nicaragua | 51 |
| Panamá | 24 |
| Guatemala | 18 |
| El Salvador | 18 |
| Argentina | 13 |
| Uruguay | 12 |
| Ecuador | 9 |
| Perú | 8 |
| Brasil | 8 |
| Paraguay | 7 |
| México | 7 |
| Bolivia | 7 |
| Chile | 2 |
De ese total, unas 633 zonas francas —el 77%— se concentran en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, una subregión que ha aprovechado la proximidad geográfica con Estados Unidos y los tratados de libre comercio.
En contraste, países como Chile lideran en número de compañías instaladas con más de 2.170 firmas, aunque su modelo está mayoritariamente orientado al bodegaje y la comercialización en zonas como la de Iquique.
El estudio de EY traza además una cronología que explica la madurez diferenciada de los regímenes. Uruguay fue el pionero en implementar el régimen de zonas francas en América Latina en 1923, seguido por Colombia en 1958 y Chile en 1963.
En la década de 1990, coincidiendo con la ola de reformas comerciales, se sumaron en bloque Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Argentina, Paraguay y El Salvador, mientras que las incorporaciones más recientes, como las de Ecuador en 2010 o Perú en 2021, buscan adaptar la normativa a industrias tecnológicas y prácticas sostenibles.
“Las zonas francas transforman la geografía económica de la región, conectando países con cadenas de valor más profundas y resilientes”.
Antonio Ruiz, socio líder de EY Tax & Law Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
Esta evolución histórica ha fragmentado la competitividad regional en dos modelos con implicaciones distintas para la inversión.
Por un lado, República Dominicana y el bloque centroamericano han construido una ventaja basada en la escala y la disponibilidad inmediata de infraestructura física para acelerar la velocidad de instalación de las empresas.
Por el otro, economías como Colombia y Uruguay muestran ecosistemas más intensivos en uso, con una mayor concentración de empresas y modelos productivos enfocados en servicios globales y tecnología de alto valor agregado.
Generador de divisas
El impacto de esta infraestructura es especialmente crítico en el istmo, donde las zonas francas se han consolidado como un componente estructural del modelo exportador.
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En Costa Rica, las ventas bajo este régimen representan el 56,9% del total de las exportaciones del país, una tendencia que se replica en República Dominicana con un 51,5%, en Nicaragua con un 48,9% y en Honduras con un 46%.
Asimismo, el aporte al Producto Interno Bruto es sustancial en las economías de la zona, equivaliendo al 15,1% del PIB nacional en Costa Rica y al 10,6% en Nicaragua.
Este dinamismo, según el informe de la consultora, se ve respaldado por el retorno económico local, ya que cada unidad de moneda exonerada en incentivos fiscales produce un retorno de entre dos y siete veces su valor en la economía real, llegando en el caso de República Dominicana a generar hasta 14 veces su valor.
Esta transición del modelo también ha reconfigurado el mercado laboral hacia sectores de mayor complejidad técnica. El ecosistema sostiene actualmente 1,09 millones de empleos directos en la región, donde República Dominicana, Costa Rica, Honduras y Nicaragua concentran el 42% de dichos puestos.
A nivel de infraestructura física, el mapa regional muestra una fuerte asimetría en el número de parques operativos por país. República Dominicana lidera el continente de forma absoluta con 286 enclaves, seguida por Honduras con 151, Colombia con 112, Costa Rica con 85 y Nicaragua con 51 zonas operativas.
El informe advierte que de Honduras una parte importante corresponde a Zonas Libres de maquila textil, cuyo marco regulatorio difiere del modelo de parques tecnificados que utiliza Costa Rica, especializado en clústeres globales de dispositivos médicos.
El futuro del régimen
El análisis de la consultora concluye que el futuro de este régimen en la región ya no dependerá de ofrecer más exenciones de impuestos, sino de la capacidad de los gobiernos y el sector privado para resolver desafíos estructurales urgentes.
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El informe advierte que los próximos años exigirán políticas más ágiles y alianzas público-privadas profundas para cerrar las brechas de infraestructura física, acelerar la automatización y adoptar tecnologías emergentes.
Asimismo, las decisiones de inversión global están cada vez más condicionadas por los nuevos parámetros ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que obliga a los parques industriales a acelerar sus planes de descarbonización.
“Para las organizaciones que buscan escalar, diversificar o relocalizar operaciones, el mensaje es inequívoco: la oportunidad está aquí, y su ventana es ahora”, dice el reporte.