En respuesta a la solicitud que le hiciera el Poder Ejecutivo para estudiar la legalidad y equidad del contrato para la construcción de la carretera a Samaná, el abogado Emmanuel Esquea Guerrero le recomendó que el expediente se tramite al Ministerio Público y se procure la autorización de un juez para que el Estado ocupe y controle dicha vía, por la que se deben presupuestar miles de pesos para subsidiar el peaje sombra.

En el proyecto de presupuesto del Estado para 2022 fue otorgado un monto de RD$4,652,595,981 para el peaje sombra con el que el Gobierno cubre a la concesionaria el déficit del tráfico vehicular que se registra en la vía. El monto supera el que se destinaría individualmente a ministerios como el de Deportes, de la Mujer, de Trabajo, de Cultura, de la Juventud y de Energía y Minas, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional y otras.

“El Gobierno no debe pagar un centavo de eso, un centavo; que ellos (la concesionaria) le deben a la República Dominicana”, dijo Esquea ayer a Diario Libre. “Por eso sugerí que lo mandaran al Ministerio Público, porque hay todos los elementos de delito”.

El abogado recomendó al Poder Ejecutivo acudir a la Justicia “en razón de las múltiples violaciones constitucionales y legales” que supone el contrato, “sumadas al perjuicio sufrido por la población y el presupuesto nacional, por el manifiesto desequilibrio económico y contractual existente”.

El pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader anunció que se le buscará una solución legal al “infame” peaje sombra por el que el Estado había pagado hasta esa fecha RD$26,835 millones como parte de los ingresos mínimos que debe garantizar a la concesionaria. El Ejecutivo, entonces, contrató a Esquea como consultor independiente.

El contrato de concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná se rubricó el 18 de julio de 2001 en el gobierno de Hipólito Mejía. Cuando se firmó entre el Estado, representado por el entonces secretario de Obras públicas, Miguel Vargas, y la sociedad Autopistas del Nordeste, se acordó que el primero asumía el compromiso de pagar un Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) o Peaje Sombra para cubrir al segundo el déficit del tráfico vehicular, para que se lograra una tasa interna de retorno.

En el informe que Esquea remitió el 20 de julio pasado, le indicó al consultor jurídico Antoliano Peralta que el Estado ha estado pagando un IMG “sin tener ninguna obligación jurídica” que lo justifique, pues aunque el contrato menciona un anexo en el que se establecía ese pago, y en otro anexo se ratificó, dichas obligaciones “no se formalizaron porque el Congreso no aprobó dichos anexos”.

Lo mismo observó para la contratación de la carretera Boulevard Turístico del Atlántico, como continuación del contrato firmado en 2001.

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