Economía
Placas fotovoltaicas en Aragón 
Fernando H. Valls
Madrid
España comienza a registrar una acumulación significativa de remanentes los fondos europeos debido a que las convocatorias que se han licitado o han encontrado adjudicatario, bien porque no han suscitado interés entre las empresas públicas o privadas o bien porque la administración ha excluido a los interesados. En total, 10.621 millones, entre las licitaciones de la Administración General (AGE) y las comunidades autónomas se encontraban en esta situación a 31 de diciembre, según un informe elaborado por el Observatorio NextGen de la consultora Llorente y Cuenca (LLyC).
El nivel de remanentes (todo transferencias) en la ejecución del Plan de Recuperación alcanza los 6.575 millones en la administración general, según datos confirmados por LLyC. A ellos hay que sumar otros 4.000 millones de la administración autonómica, que podrían llegar a ser 5.205 millones (la consultora denuncia que falta de transparencia en la información sobre la ejecución a nivel autonómico, de modo que la segunda cifra es una estimación). 
Pero las subvenciones sin adjudicar podrían ser incluso superiores, ya que la AGE podría llegar a acumular otros 2.540 millones, según las estimaciones de LLyC. En total, y siempre teniendo el informe de la consultora, los fondos europeos que no han encontrado adjudicatario podrían alcanzar, de momento, los 14.321 millones, un 20,4% de los 70.316 millones de la dotación inicial del Plan de Recuperación.
Que no tengan receptor no significa, sin embargo, que estos fondos europeos se vayan a perder. Sí que tendrán que volver a licitarse. Los remanentes, explica Paloma Baena, directora del observatorio NextGen de Llorente y Cuenca, “son fondos asignados a objetivos del Plan de Recuperación, no de libre disposición”. Las administraciones, por tanto, tienen que tener en cuenta en la relicitación la asignación para qué recibieron los mismos y no destinarlos a otras partidas.
Sólo en el 2023 se generaron casi 3.000 millones en remanentes. Algunos ejemplos: en la convocatoria del Perte del vehículo eléctrico y conectado se repartieron casi 629 millones y no encontraron adjudicatario otros 208 millones. Lo mismo ocurrió con 416 millones de licitaciones vinculadas a la movilidad. 
El nivel de ejecución del Plan de Recuperación sigue generando también problemas. Pese a que el Gobierno ha comprometido 66.296 millones, a 31 de diciembre, de los 70.346 millones originales, lo que representa un 94%, la ejecución se sitúa en el 46%. Esto supone todo un reto, ya que la gran mayoría de inversiones que opten a subvenciones deberán estar concretadas en agosto del 2026. La administración general ya ha adjudicado el 78% de sus fondos, pero las comunidades autónomas siguen lastrando el reparto, apunta LLyC. Quedan 33.800 millones por adjudicar, casi la mitad del Plan de Recuperación, además de la adenda.
Por comunidades autónomas, a 31 de diciembre, Andalucía lideraba la distribución de transferencias de los fondos europeos con 3.849 millones, seguida de Catalunya, con 3.524 millones. A cierta distancia se sitúan la Comunidad de Madrid, con 2.607 millones y la Comunidad Valenciana, 2.288 millones.
Por países, España se vio superada a 31 de diciembre por Italia y Portugal en cuando a que ambos países ya solicitaron el quinto pago a la Comisión Europea. El país transalpino ha recibido ya 101.930 millones de los fondos europeos, muy por encima de los 37.040 de España. Tiene una explicación: Italia ha centralizado el reparto en empresas públicas, de ahí la velocidad de sus adjudicaciones, explica LLyC. España, sin embargo, dispone de más beneficiarios, menos atomizados y, además, ha dispuesto de un mayor acceso a las pequeñas y medianas empresas. Según la consultora, las pymes han podido optar a dos tercios de las convocatorias a través de diferentes mecanismos.
Sobre la reforma del subsidio de desempleo, que el Congreso de los Diputados derogó, los expertos de Llorente y Cuenca apuntan que España podría solicitar un desembolso parcial del quinto pago, de 7.000 millones. Existe un precedente: la Comisión Europea concedió un plazo adicional a Italia para poder cumplir con alguno de sus compromisos.
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