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Pedernales.-  El Gobierno dominicano, el sector privado y la sociedad civil unen esfuerzos para fomentar una cultura de protección para niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual comercial, integrándola como eje transversal en el modelo turístico de Pedernales – Cabo Rojo.

La iniciativa forma parte del proyecto "Protección de la niñez y adolescencia frente a la explotación sexual comercial”, que busca convertir a Cabo Rojo en el primer destino turístico que, desde el inicio, desarrolla acciones para evitar que se vulneren los derechos de la niñez, con la participación de instituciones del Estado dominicano, organismos internacionales y miembros de la comunidad.

Durante el acto de presentación de la iniciativa, el ministro de Administración Pública (MAP) y director ejecutivo del Fideicomiso Pro-Pedernales, Sigmund Freund, explicó que el proyecto dejará un legado importante, mostrando que en República Dominicana es posible tener desarrollo con sentido y rostro humano. Freund precisó que el modelo de desarrollo turístico de Cabo Rojo es parte de la visión de la presente gestión de Gobierno, encabezada por el presidente Luis Abinader.

El ministro Freund destacó la importancia de desarrollar una campaña de sensibilización en la provincia con los contratistas y empleados de las empresas sobre la necesidad de proteger a los menores de edad.  En este contexto, se ha lanzado una iniciativa crucial que busca no solo impulsar el turismo, sino también garantizar la protección y el respeto hacia los niños, niñas y adolescentes de la comunidad.

Afirmó que es fundamental establecer una cultura de respeto y protección desde el inicio. “Es vital para nosotros comenzar con los empleados locales, para que desde el principio pudiéramos implementar esta cultura y no esperar a que los turistas lleguen”, enfatizó Freund.

La viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Olaya Dotel, destacó que el proyecto, además de ser una iniciativa, es un llamado a la acción para enfrentar la problemática con urgencia y determinar acciones efectivas que garanticen la protección y el bienestar de los menores.


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