El infierno de violencia que atormenta a Haití generó otro capítulo sangriento la madrugada del lunes, cuando una masacre perpetrada por las pandillas que se disputan la capital, Puerto Príncipe, dejó al menos 47 muertos, según información de Naciones Unidas publicada este martes. El organismo ha informado de que 22 de las víctimas fueron ejecutadas en el interior de una iglesia donde se refugiaron. “Los incesantes ataques de pandillas contra las comunidades y la pérdida de vidas ponen de manifiesto la alarmante situación de seguridad y refuerzan la urgente necesidad de intensificar los esfuerzos para combatir a las pandillas”, advirtió António Guterres, secretario general de la ONU.
I condemn the latest gang attack on Kenscoff, a commune on the outskirts of Port-au-Prince, in Haiti, that reportedly killed at least 47 people, including 22 who were reportedly executed in a church compound where they had found shelter.
The relentless gang attacks on…
— António Guterres (@antonioguterres) August 25, 2026
Los hechos ocurrieron en la comuna de Kenscoff, en las afueras de la capital. La matanza fue perpetrada por miembros de Viv Ansanm, la poderosa coalición de bandas criminales que domina gran parte del área metropolitana. Los grupos armados irrumpieron en la zona incendiando decenas de viviendas y disparando indiscriminadamente contra la población civil.
La magnitud del ataque desencadenó inmediatas protestas comunitarias. Cientos de vecinos se concentraron frente a la comisaría local de Kenscoff para protestar contra la desprotección estatal y exigir la actuación directa de la Policía Nacional de Haití (PNH), tras denunciar más de 20 meses sin respuestas concretas frente al avance del crimen organizado, informa EFE. Ante el incremento de la presión social, el director general de la PNH, Jonas André Vladimir Paraison, y el comisario del Gobierno, Fritz Patterson Dorval, se desplazaron al lugar de los hechos. “Ante esta espiral de violencia, no podemos acostumbrarnos al horror ni permanecer indiferentes”, afirmó Privert.
Un país en colapso humanitario
El ataque en Kenscoff refleja el colapso de la seguridad en el país caribeño. De acuerdo con los datos más recientes actualizados por la ONU, la violencia de las bandas armadas causó al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos en los primeros seis meses del año. A esto se suma la vulnerabilidad extrema de colectivos desprotegidos: solo en el primer cuatrimestre se reportaron casi un centenar de secuestros, mientras que cerca de 700 personas —en su mayoría mujeres y niñas— sufrieron episodios de violencia sexual. La crisis de seguridad alimenta a su vez una catástrofe humanitaria sin precedentes. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) alertó de que más de seis millones de haitianos necesitan ayuda humanitaria urgente en un país de 12 millones de habitantes, mientras que los desplazados internos suman más de 1,4 millones. “La población está al límite”, dijo a este periódico Marisela Silva Chau, jefa de la delegación del CICR en Haití.
La crisis de violencia afecta a las organizaciones humanitarias que aún trabajan sobre el terreno en el país caribeño. Médicos SIn Fronteras (MSF) se vio obligada a inicios de agosto a suspender sus actividades en el hospital materno Isaïe Jeanty de Chancerelles, en la comunidad de Cité Soleil, en Puerto Príncipe, debido a los nuevos enfrentamientos entre varios grupos armados en la zona. Se trató, según la organización, de la segunda suspensión en menos de dos meses. MSF reanudó sus actividades el 18 de agosto en la maternidad en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Población. “Evacuar es siempre una decisión difícil, ya que sabemos cuán importantes son las necesidades de salud sexual y reproductiva en Cité Soleil”, explicó Diana Manilla Arroyo, jefa de misión de MSF en Haití. “Pero continuar en estas condiciones habría puesto en riesgo a los pacientes y al personal”, agregó.
El sistema sanitario haitiano ha sufrido un colapso casi total: solo el 30% de las estructuras de salud en todo el país permanecen funcionales. El 70% restante ha cesado operaciones entre 2020 y 2026 debido a la absoluta falta de garantías de seguridad para el personal y los pacientes. Además, las matanzas se han convertido en una pesadilla cotidiana. Un informe de la ONU alertaba este mes de que entre marzo y julio, al menos 613 personas han sido asesinadas y otras 375 heridas. “El 90% de las personas fallecidas y heridas fue documentado en incidentes de violencia de bandas; casi el 9%, durante operaciones de las fuerzas de seguridad; y el 1%, como resultado de actos de violencia popular contra personas sospechosas de estar afiliadas a bandas”, dice el documento elaborado por el Servicio de Derechos Humanos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés).
“El último ataque en Kenscoff es un ejemplo más de cómo las bandas recurren a matanzas de civiles a gran escala para someter a la población local e imponer su autoridad”, explica María Fernanda Arocha, analista de México, Centroamérica y el Caribe de ACLED (Armed Conflict Location & Event Data, por sus siglas en inglés), un observatorio que recopila y analiza datos sobre conflictos. “La incursión también sirve como un crudo recordatorio de los desafíos que enfrenta el Gobierno para consolidar los resultados de las operaciones contra las bandas”, agrega.
La analista recomienda “la urgente necesidad” de desplegar la totalidad de los 5.500 efectivos previstos para la Fuerza de Supresión de Bandas respaldada por la ONU, de los cuales hasta ahora solo se han desplegado unos 1.000. “Consolidar la presencia de las fuerzas de seguridad en todo el territorio, especialmente en las zonas amenazadas por las bandas, es una tarea que las autoridades deben abordar para garantizar unas condiciones mínimas de seguridad si planean celebrar elecciones en diciembre de 2026″, dice Arocha.