Abelardo De La Espriella le declaró la guerra a la mafia: estos son los secretos de los megaoperativos que se desplegaron en Santa Marta y Cali; vienen más

En menos de una semana, el presidente Abelardo De La Espriella dejó ver su talante de mano dura ante los criminales que lo quisieron poner contra las cuerdas y le demostró al país que su lucha contra la mafia va más allá del discurso. SEMANA revela los secretos detrás de la histórica persecución que comenzó en los últimos días en diferentes puntos de Colombia con el apoyo de agencias de seguridad de Estados Unidos, Francia, España y Reino Unido.

El Tigre rugió durante el fallido paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que se creen dueñas de cuatro departamentos, donde extorsionan, asesinan y dictan las reglas del juego de la población. También actuó en Cali. Al mandatario no le tembló la mano para ir hasta allá y, con arma al cinto, patrulló las zonas más peligrosas, lideró 83 capturas y más de un centenar de allanamientos. Adicionalmente, este viernes extraditó a alias Araña, uno de los narcotraficantes que fue protegido durante la administración de Gustavo Petro.

El primer golpe, el más fuerte que le ha propinado la administración de Abelardo De La Espriella a la delincuencia desde que tomó posesión como jefe de Estado, tuvo lugar en la zona rural de Santa Marta.

SEMANA conoció que 32 comandos jungla, la fuerza élite de la Policía, se enfrentaron a 160 hombres armados y dieron de baja a alias Cholo, el segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el grupo armado ilegal que creció 70 por ciento durante el Gobierno Petro, según la institución.

En respuesta al operativo, los subalternos del sanguinario cabecilla fallecido intentaron paralizar la región Caribe con acciones puntuales, como la quema de vehículos, disparos a la población civil y amenazas al comercio. Las autoridades impusieron el orden y frustraron el plan de los ilegales.

Los líderes de esa organización criminal sabían que De La Espriella iba detrás de ellos. Pinocho, Cholo, Patiliso y Comando 77, los principales cabecillas del grupo armado que está compuesto por 600 hombres, incrementaron su número de escoltas en los últimos días; se rodearon de indígenas, a los que permanentemente intimidan para evitar la persecución de la fuerza pública; se armaron hasta los dientes con equipos que pueden derribar helicópteros con un solo disparo y establecieron escondites en Magdalena, Cesar, La Guajira y Norte de Santander, las regiones donde comandan el crimen.

El oficial de la Policía que lideró ese despliegue contra las Autodefensas le reveló a SEMANA que una fuente, que recibirá 2.000 millones de pesos como recompensa, le informó de una cumbre de narcotraficantes que se materializó el lunes 21 de septiembre en zona rural de Santa Marta con presencia de los “peces gordos” que ordenó atrapar el primer mandatario. El sitio fue escogido estratégicamente por su difícil acceso y alta nubosidad.

Drones suministrados por Estados Unidos siguieron las coordenadas aportadas por la persona y, efectivamente, captaron imágenes de los cabecillas, que eran custodiados por un ejército de sicarios, quienes portaban pistolas y armas largas. No solo eso. Los uniformados, en tiempo récord, infiltraron el círculo de protección de los cabecillas.

“Pinocho tiene un esquema de seguridad, más o menos, de 40 hombres y se mueve en nueve camionetas blindadas. Eso nos permitió insertar equipos de ubicación satelital en tiempo real y sabíamos por dónde se movilizaba. Teníamos el control de él. Pinocho, para esos días, estaba vestido de indígena, el traje blanco que ellos se ponen, porque ellos estaban muy alertas frente a las operaciones”, describió el oficial.

La hipótesis que tiene la Policía es que Pinocho y los demás criminales se ocultan en los resguardos indígenas para frenar la acción del Estado: “Cada vez que les llega una información de que se va a hacer una operación militar o policial, corren de manera inmediata al resguardo indígena. Ellos le pagan al resguardo indígena para que los cuiden”, denunció la misma fuente.

Frente a lo captado por los drones de Estados Unidos y los datos aportados por el informante, las autoridades tomaron la decisión de ingresar a la zona.

Para ello, reclutaron a los mejores comandos jungla del país que estaban desplegados en Putumayo, Nariño, Cauca y Valle del Cauca y los reunieron en Bogotá, así como a los más destacados pilotos: “Sabíamos el riesgo que se iba a correr frente a las imágenes y videos que teníamos de la organización. Sabíamos que esta organización iba a responder de una manera muy fuerte. En ese momento, había más de 160 hombres en armas y, solamente, eran 32 comandos y tres aeronaves peleando contra más de 160 hombres”, comentó el oficial que comandó la operación.

La inserción fue quirúrgica y desempolvó las capacidades de investigación e inteligencia de la Policía, archivadas durante el Gobierno Petro.

Se trató de una “maniobra suicida” por el alto riesgo que se corrió. Los uniformados eran conscientes de la amenaza y de las críticas condiciones climáticas. Por esa razón, les dieron 120 minutos para lograr el objetivo.

“Hacemos la inserción de los comandos a las 14:45 horas del lunes desde Santa Marta, llegando, más o menos, al punto objetivo sobre las 15:05 horas. Desde el momento en que las aeronaves llegan, las empiezan a impactar y los comandos entran en una confrontación directa. Ubican la casa de Cholo y, a pesar de que estaba rodeado de personas civiles y menores, ahí es donde se evidencia y se demuestran las capacidades de nuestros comandos jungla, porque ellos tenían claro quién era el objetivo, y no se genera un daño colateral”, detalló el oficial.

Alias Cholo murió junto a seis personas más que, de acuerdo con las investigaciones, eran integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Las autoridades no descartan que alias Pinocho, el otro cabecilla que estaba en la zona, haya sido impactado por un comando. Él alcanzó a escaparse junto a sus hombres de protección. En la huida, su esquema encendió vehículos sobre la troncal del Caribe y trató de paralizar algunos municipios para obstruir la persecución de los uniformados. Posiblemente, escapó hacia La Guajira y analizan su posible fuga a Venezuela.

Luego del golpe, se conoció una denuncia ciudadana que alertaba de la muerte de un civil a manos de los uniformados. SEMANA conoció que la identidad del hombre es Ricardo Andrés Martínez, un joven de 18 años, que, insistió la Policía, sí formaba parte de las Autodefensas. Según el registro fotográfico en poder de esta revista, que no se publica por respeto a la familia del fallecido, él tenía prendas alusivas a la organización y portaba armas que son de uso privativo de la fuerza pública.

El poder de las Autodefensas

Como retaliación, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada quisieron acorralar al presidente Abelardo De La Espriella y a la fuerza pública con un fallido paro armado. Los criminales concentraron sus esfuerzos en Santa Marta, la joya del turismo de Colombia, para darle un golpe mediático al país. Allí, los ilegales extorsionan desde los 1.000 pesos hasta los 30 millones de pesos a los vendedores ambulantes y a los grandes negocios para poder pagar sus nóminas. De acuerdo con la información de la investigación judicial, los sicarios pueden tener un salario de 1,2 millones de pesos y los cabecillas hasta de 30 millones de pesos.

Uno de los barrios donde tiene mayor injerencia este grupo ilegal es Cristo Rey, en la capital del Magdalena. A ese punto llegó el presidente Abelardo De La Espriella con un chaleco antibalas, una pistola al cinto y su radio, a pocas horas después de la caída de Cholo.

Antes de que aterrizara el jefe de Estado, lo hicieron las Autodefensas para atormentar a la población civil. A José Martín Rada, de 62 años, un conductor de un motocarro, le prohibieron trabajar tras la muerte del cabecilla: “Yo salí con mi motocarro y me colocaron una llanta en la mitad e hizo que me volteara en la carretera. Gracias a Dios no me pasó nada, pero sí me dijeron que no podía salir a trabajar porque estaban dando una orden”.

A Rada, como a varios sectores de la opinión pública, lo tomó con asombro la reacción de las autoridades que, por aire, mar y tierra, enfrentaron a los ilegales: “Uno queda como sorprendido porque eso no se veía, pero mire que da una orden el presidente. Ojalá esto siga así porque tenemos años de vivir rodeados de la violencia, y lo que se ha hecho es normalizar la violencia”.

Por su parte, Óscar Sosa, un residente de Santa Marta, quien fue uno de los primeros en salir al Mercado Público tras el vasto operativo del Ejército y la Policía, sostuvo que no pensó ver un dispositivo tan grande de seguridad. “Esto no se veía; yo en los días que estaban las amenazas no salí por seguridad, pero apenas me di cuenta de que teníamos el respaldo de las autoridades, entonces salí a buscar unos repuestos para un carro que estoy arreglando. Uno camina y se siente seguro, ve el movimiento de toda la fuerza pública; así debe ser”.

SEMANA logró recorrer varios sectores de esta zona del Caribe, donde las calles estaban como si hubiera restricciones por el covid-19: nadie salía a los antejardines de sus viviendas y cerraban las puertas al notar la presencia de personas de cualquier tipo por el temor a posibles retaliaciones armadas. Estar en el sector del 11 de Noviembre era tensionante. Todas las personas miraban al equipo periodístico como si se tratara de algo anormal, pues es una zona en la que nadie entra sin permisos, pero el panorama había cambiado: las autoridades ya tenían el control total de la ciudad.

El propietario de una droguería, quien temerosamente abrió las puertas de su negocio en medio de las intimidaciones, le dijo a esta revista bajo el anonimato qué lo motivó a atender a sus clientes: “A unos metros quemaron un bus y eso fue terrible porque ellos delinquen desde acá, alquilan viviendas, se reúnen, venden drogas, patrullan en motos de alto cilindraje. Es como si fueran amos y señores de la zona”.

Un informe de la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía respalda la teoría de este ciudadano.

Las Autodefensas no solo incrementaron sus hombres en armas durante los últimos cuatro años –bajo la sombrilla de la paz total–, sino que afinaron su negocio en el narcotráfico y tomaron el control de la criminalidad en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, y se expanden rápidamente hacia Norte de Santander.

“Esta organización, en los últimos cuatro años, creció casi en un 70 por ciento en integrantes, en modalidades delictivas. El tema de la extorsión aumentó, el tema del envío de cocaína a Centroamérica aumentó casi en un 60 por ciento, donde ellos se apoderaron del 100 por ciento de las rutas del narcotráfico de esos departamentos”, comentó un investigador de la Dirección de Antinarcóticos.

Las autoridades no han cuantificado la cantidad de ganancias que tiene este grupo armado, pero sí las rutas que usan para darle apariencia de legalidad. Bajo la lupa están empresarios y comerciantes que han prestado sus identidades y patrimonios para llenar los bolsillos de los cabecillas: “Son comerciantes de alto nivel que toda su vida han vivido del comercio, que al momento de hacerles un estudio patrimonial contable, estas personas van a tener todos los sustentos necesarios para demostrar que su capital es legal. Es allí donde nosotros, a través de diferentes actividades investigativas, logramos establecer que son testaferros. Si nosotros únicamente nos basamos en la información bancaria, nunca vamos a llegar a determinar que, efectivamente, esas personas son testaferros de esta organización”. Por lo general, la plata se invierte en proyectos inmobiliarios y hotelería.

La fuerza pública no solo frenó el paro armado, también incrementó sus operaciones. El jefe de Estado dio cuenta de la captura de la esposa de alias Pinocho, el cabecilla principal de las Autodefensas, en Santa Marta y anunció que él tiene las horas contadas. Paralelamente, confirmó la captura de cuatro personas solicitadas en extradición por Estados Unidos: “La red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos y lo hacían con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”, afirmó el primer mandatario.

Estas operaciones, que siguen en desarrollo, mostraron lo mejor de la institución y así lo resaltó el director de la institución, general Jesús Alejandro Barrera: “Cada operación demuestra que donde exista una amenaza contra los colombianos, allí estará la Policía Nacional de Colombia para enfrentarla”.

De la arremetida de los criminales quedan millonarias pérdidas. Desde la Cámara de Comercio se precisó que en Santa Marta y Magdalena hubo una pérdida económica por día por más de 39.590 millones de pesos: “Entre los sectores vinculados a esta dinámica se encuentran el comercio, con 48.140 personas ocupadas; el transporte, con 26.010; y los restaurantes y hoteles, con 25.280. Además, alrededor del 60 por ciento de las personas afectadas trabaja en la informalidad, por lo que las interrupciones de sus actividades pueden incidir directamente en los ingresos de los hogares que dependen del trabajo diario”. La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), capítulo Santa Marta, precisó que las reservas bajaron en hasta un 15 por ciento.

Y es que una de las escenas que llamó poderosamente la atención fue cuando las Fuerzas Especiales del Ejército llegaron hasta la playa del Rodadero a acompañar a los turistas y fueron recibidas con aplausos mientras se desplazaban por el sector.

La denominada “operación policial y militar Santa Marta” pasó de tener cerca de 500 militares a unos 2.000 desplegados en los puntos claves entre Ejército, Armada, Fuerza Aérea y la Policía, quienes coordinan milimétricamente cada paso que dan contra los ilegales.

Cali, bajo persecución policial

El presidente también mostró su talante en Cali contra las mafias, la ciudad más peligrosa de Colombia y que tan solo en 2026 lleva 824 homicidios. Abelardo De La Espriella llegó con arma al cinto y se internó en la zona con mayor criminalidad de esa ciudad en un megaoperativo sin precedentes.

Mientras la mayoría de los caleños dormía, más de 1.200 uniformados se desplegaron por seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios. Realizaron 83 órdenes de captura y 101 diligencias de registro y allanamiento. El presidente lideró todo en terreno. Llegó hasta las zonas intervenidas y recorrió las calles junto a los uniformados durante la operación Iron.

SEMANA conoció que esta intervención se preparó con un mes de antelación y fue apoyada por tecnología de punta donada por Estados Unidos. A los delincuentes capturados se les realizó un seguimiento minucioso con drones silenciosos y, horas antes del arribo del presidente, se blindó completamente los barrios Guayaquil, Sucre y El Calvario para garantizar la seguridad.

La imagen fue contundente: el jefe de Estado caminando de madrugada por sectores identificados por las autoridades como puntos críticos del crimen organizado y entrando a lugares intervenidos por la fuerza pública. En uno de esos procedimientos se encontró con uno de los señalados por las autoridades. “Creía que podría desafiar al Estado, bienvenido a la patria milagro”, le dijo De La Espriella.

El mandatario había llegado con un mensaje que no dejó mucho espacio para las medias tintas. “Vamos a liberar a la ciudadanía de las ollas de drogas que afectan a los niños. Empieza la liberación total de Cali, del Valle del Cauca y del país. Vamos a recuperar esta ciudad”, les comentó a los uniformados antes de comenzar el despliegue.

La operación apuntó contra las llamadas “ollas” del centro de Cali y otros sectores de la ciudad. El balance preliminar entregado registró cuatro armas de fuego incautadas, 118 cartuchos, una granada, teléfonos celulares, estupefacientes y dinero en efectivo. Pero el presidente no llegó a Cali únicamente para observar el despliegue. Durante toda la madrugada permaneció en terreno y acompañó las acciones de la Policía, el Ejército y la Fiscalía. En uno de los puntos intervenidos escuchó al alcalde Alejandro Eder explicar que en esa zona del centro de la ciudad los caleños llevaban décadas esperando una intervención de esta magnitud.

“Ya se acabó esa olla”, respondió De La Espriella. Y agregó que su Gobierno combatirá el crimen “en todas sus manifestaciones” y buscará recuperar Cali y el país de las estructuras que, según las autoridades, afectan a jóvenes, comerciantes y trabajadores.

La escena de Cali llega después de la tensión registrada en Santa Marta y de otros episodios recientes en los que el Gobierno ha puesto el combate contra las organizaciones criminales en el centro de su discurso de seguridad. El propio presidente ha presentado esas actuaciones como parte de una ofensiva nacional contra las estructuras que ejercen control territorial, extorsionan y participan en actividades ilegales.

“Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra”, afirmó De La Espriella durante la jornada. El presidente sostuvo que esos espacios deben estar al servicio de los caleños y no bajo el control de esas estructuras criminales.

Eder, por su parte, dejó claro que Iron no será presentada como una operación aislada. “Esta es la primera de varias operaciones”, afirmó el alcalde, quien aseguró que la ciudad llevaba más de dos años solicitando un despliegue de esta naturaleza.

La frase de cierre del mandatario fue también una declaración de principios para la operación: “Para mí hay una conquista todavía más importante: devolverles a los caleños el centro de su ciudad”, señaló De La Espriella.

Tampoco cesa la ofensiva militar en contra de los ilegales en el Cauca. A pocos kilómetros de Cali, la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, no está pasando por su mejor momento. En menos de un mes, se han entregado más de 50 de sus miembros. La última en hacerlo fue la cabecilla Karen Yiceth Chocué Velasco, alias Tatiana, quien señaló de manera directa: “No quiero terminar en una bolsa”.

Esta estructura, el brazo armado más sangriento de Mordisco en el Cauca, hasta hace un año controlaba El Plateado, en Argelia, y llegaron a arrodillar al Estado a tal punto que altos militares señalaron que “no había condiciones de seguridad para ingresar a ese territorio”.

“La estructura Carlos Patiño, uno de los principales componentes armados de la facción de alias Iván Mordisco en el Cauca, atraviesa un proceso de degradación progresiva de sus capacidades de mando, componente humano y sostenimiento logístico, producto de la presión operacional”, dijo un oficial que lleva más de seis años combatiendo a grupos armados ilegales en Colombia.

Para él, los resultados acumulados muestran que la afectación ha trascendido la pérdida individual de integrantes: “Se ha ejercido presión sobre su liderazgo, depósitos logísticos, capacidad explosiva y permanencia de sus miembros”.

La estocada final

La persecución de Abelardo De La Espriella y la cúpula de las Fuerzas Militares también llegó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El presidente ordenó el traslado de los presos VIP y pidió reforzar las medidas de vigilancia en los penales. Esa orden se ha tratado de sabotear, pero el jefe de Estado ha impuesto orden.

El caso más impactante tiene que ver con el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, condenado por corrupción a 21 años de prisión. Estaba recluido en una guarnición de la Policía y, desde allí, dictaba el orden de las contrataciones en diferentes administraciones locales y daba pista sobre los nombramientos públicos. Cuando se enteró de que iba a ser trasladado a una cárcel, aparentemente, fingió un episodio cardiaco, terminó en una clínica y De La Espriella solicitó sacarlo del centro médico directo al penal. Al parecer, se trató de una jugada para esquivar la celda.

Otro que sintió el rigor del Tigre esta semana fue alias Araña, que finalmente fue extraditado a Estados Unidos. Era el máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, una disidencia de la Segunda Marquetalia de alias Iván Márquez, que fue protegido durante el Gobierno de Gustavo Petro por su supuesta disposición de paz. Petro rechazó el requerimiento que la Corte del Distrito Sur de California hizo contra este cabecilla por los delitos de narcoterrorismo y concierto para distribuir cocaína, aguardando una desmovilización de su grupo armado ilegal que nunca ocurrió.

Frente a esta extradición, De La Espriella señaló que este es un mensaje inequívoco para la criminalidad: “Colombia no volverá a ser refugio de narcotraficantes requeridos por la justicia internacional”. También les dejó un recado a otros capos: “El Estado los va a perseguir, los va a capturar y, cuando corresponda conforme a la ley, los va a extraditar. A los criminales les digo que es una cárcel en Estados Unidos o una bolsa aquí en Colombia; no hay más caminos”.

El jefe de Estado aseguró que alias Araña fue protegido por el Gobierno de Gustavo Petro. “La paz no se construye protegiendo a narcoterroristas como este bandido”. También le pidió a la administración de Donald Trump que no se negocie rebaja de penas con el excabecilla disidente. Finalmente, el jefe de Estado lo despidió con estas palabras: “Araña, bienvenido a la patria milagro”.

La extradición de alias Araña completa una semana en la que el Gobierno puso el aparato de seguridad en movimiento contra distintos eslabones de las organizaciones criminales: desde los hombres que disputan el control territorial en la Sierra Nevada y el Cauca, hasta las redes que sostienen el narcotráfico, la extorsión y el lavado de activos en las ciudades. Los operativos dejaron capturas, incautaciones, bajas y movimientos en las estructuras ilegales, pero también evidenciaron la dimensión del desafío que enfrenta el Estado.

El mensaje que dejan estos golpes es que la presión no está concentrada en un solo frente. Mientras algunas unidades de la fuerza pública persiguen a los cabecillas en zonas rurales, otras buscan desarticular sus finanzas, cerrar sus rutas, intervenir sus redes de protección y recuperar espacios urbanos sometidos durante años por el crimen. La cooperación internacional también desempeña un papel central en ese esfuerzo, “que estuvo muerta durante la administración de Petro”, dijo un alto oficial a SEMANA. Los gobiernos aliados han suministrado unidades de inteligencia y elementos de última tecnología para perseguir a los delincuentes.

El presidente De La Espriella le declaró la guerra a la mafia y demostró que su mano dura contra el crimen, por la que votaron casi 13 millones de colombianos, no fue solamente una promesa de campaña. “Los vamos a cazar como ratas miserables (…) Los vamos a mandar al infierno en una bolsa”, sentenció.