La norma establece la bonificación del pago de los impuestos sobre Utilidades y sobre los Ingresos Personales a los actores económicos estatales y no estatales y a las personas naturales que inviertan en proyectos de infraestructura social, construcción, rehabilitación o equipamiento de escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales o instalaciones deportivas, entre otros.
Los beneficios tributarios que establece la norma, son los siguientes:
1. Deducción del impuesto a pagar equivalente al veinte por ciento (20%) de la inversión realizada. Esta deducción se aplicaría en un plazo de hasta cinco años.
2. Reducción del impuesto a pagar equivalente al 10 % de la donación realizada, aplicable contra el Impuesto sobre Utilidades o el Impuesto sobre los Ingresos Personales, según corresponda, para los que realicen donaciones en efectivo o en especie a entidades estatales dedicadas a fines sociales.
3. Aplicación de una tasa reducida del Impuesto sobre Utilidades durante los primeros cinco años de operación, y la exención del pago del Impuesto Aduanero sobre la importación de equipos y tecnologías necesarias para la prestación de este servicio, a los actores económicos estatales y no estatales que destinen al menos el 50% de su actividad a servicios sociales.
La norma precisa que el Ministerio de Finanzas y Precios, es el responsable de realizar el control de los beneficios otorgados, en coordinación con la Oficina Nacional de Administración Tributaria, con el objetivo de evaluar el resultado asociado a su aplicación.
Para obtener información más detallada puede dirigirse a:
https://www.gacetaoficial.gob.cu/…/files/goc-2026-o95.pdf
(Nota del Ministerio de Finanzas y Precios)
