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COAG y Asaja reclaman al ministerio ayudas específicas para facilitar la transición hacia las nuevas normativas y apoyar a los ganaderos en la implementación de las mejoras necesarias.


La adaptación de las granjas porcinas a las nuevas exigencias sobre bienestar animal supondrá un sobrecoste por ganadero de más de 300.000 euros. La implementación del Real Decreto 159/2023, que establece nuevos estándares de bienestar animal, se ha convertido en un reto significativo para el sector porcino en España.

España acelera los plazos de la UE

España ha decidido acortar los plazos de la directiva de la UE, lo que añade una capa de incertidumbre y complejidad burocrática al sector. Las organizaciones agrarias Asaja y COAG han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una prórroga de tres años, extendiendo la entrada en vigor del Real Decreto hasta el 9 de enero de 2028. Esta prórroga permitiría:

  • Adaptación gradual y ordenada: Una transición adecuada a los nuevos requisitos sin una drástica caída de la producción. Se estima que la implementación del RD 159/2023 y los nuevos requisitos de densidad de espacio por animal podrían reducir entre 4 y 8 millones de cerdos cebados al año, dependiendo de la metodología de cálculo de la superficie útil y la aceptación del redondeo por corral. La reducción de plazas oscila entre el 7,06 % y el 16,34 %.
  • Alineación con la normativa europea: Esperar a los debates y posibles cambios en la Directiva 120/2008 para asegurar coherencia con la normativa de la UE.
  • Plan coordinado de implementación: Establecer un plan coordinado entre el Ministerio, Comunidades Autónomas y productores para una transición ordenada y efectiva.

Impacto económico y necesidad de ayudas

Los cálculos realizados por el sector indican un sobrecoste de más de 300.000 euros por ganadero para adaptar las granjas a la reducción de densidades por m². En el caso de querer ampliar la superficie para mantener el nivel de producción, el coste podría superar los 500.000 euros. Ante esta situación, COAG y Asaja han reclamado al Ministerio de Agricultura ayudas específicas para facilitar la transición hacia las nuevas normativas. Estas ayudas serían cruciales para apoyar a los ganaderos en la adaptación de sus explotaciones y en la implementación de las mejoras necesarias.

Dificultades administrativas

Además de los desafíos económicos, los ganaderos enfrentan dificultades significativas para obtener las autorizaciones necesarias para la ampliación de sus granjas. Las regulaciones actuales y las restricciones administrativas complican el proceso de expansión, limitando la capacidad de las explotaciones para cumplir con las nuevas normativas de bienestar animal.

Modificación de densidades

El Real Decreto 159/2023 modifica las normas mínimas para la protección de cerdos establecidas en el RD 1135/2002 y alineadas con la Directiva 120/2008 de la UE. Las principales modificaciones son:

  • Transición de lechones: De 0,2 a 0,24 m²/animal.
  • engorde de cerdos: De 0,65 a 0,74 m²/animal.

Cabe destacar que esta normativa va por delante de la normativa europea, lo que añade una capa adicional de complejidad y urgencia para el sector.

Asaja y COAG proponen una modificación en las densidades de espacio por animal para lograr un equilibrio entre la normativa de bienestar animal y la sostenibilidad económica de las explotaciones. 

“La prórroga solicitada y la modificación de densidades propuestas son esenciales para asegurar una transición ordenada, mantener la viabilidad económica de las explotaciones y continuar contribuyendo al equilibrio territorial y socioeconómico de amplias zonas rurales”, subrayan desde los sectores de porcino de Asaja y COAG.

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