Internacional
Donald Trump lidera las encuestas para encabezar la candidatura republicana a las elecciones presidenciales de noviembre
Xavier Mas de Xaxàs
Barcelona
La candidatura de Donald Trump a la presidencia tensa las costuras de la democracia estadounidense como ninguna otra a lo largo de su historia. Después de que el Tribunal Supremo de Colorado afirmara el martes que líder republicano se implicó en la insurrección del 6 de enero del 2021, el presidente Joe Biden afirmó ayer que “no hay duda” de que su rival es un insurrecto.
El Tribunal Supremo está llamado ahora a pronunciarse. Si respalda la decisión de los jueces de Colorado, Trump no podrá presentarse a las elecciones del próximo noviembre.
Lo que se decide es, nada más y nada menos, si el asalto al Capitolio fue una insurrección y si Trump la alentó, tanto con sus mensajes en Twitter como en el discurso que, previamente, dirigió a sus partidarios. Si es así, el Supremo deberá determinar si le afecta o no la sección tres de la enmienda catorce de la Constitución, que prohíbe las candidaturas de los funcionarios que, habiendo jurado defender la Carta Magna, la socavan participando en actos de insurrección o rebelión.
Esta disposición es de 1868 y se redactó para impedir que los líderes secesionistas de la Confederación pudieran ocupar cargos en la administración.
La guerra civil supuso el nacimiento de Estados Unidos tal y como hoy lo conocemos. Ha pasado un siglo y medio desde entonces, pero, como demuestra este caso, sus consecuencias aún perturban la convivencia racial y sacuden los cimientos de la república.
Por cuatro votos a favor y tres en contra, el Tribunal Supremo de Colorado ha determinado que Trump no puede presentarse a las elecciones primarias del partido republicano en ese estado. Afirma que tiene “pruebas claras y contundentes” de que se implicó en el asalto al Capitolio y que este fue una insurrección porque pretendía impedir el traspaso de poderes.
El 3 de noviembre del 2020, Trump perdió la reelección frente a Biden. Durante los siguientes dos meses trató de revertir esta derrota y hoy está acusado en diversos procesos judiciales de delitos tan graves como conspirar para alterar un resultado electoral y presionar a las autoridades, incluido el vicepresidente Mike Pence, para que no certificaran la victoria de Joe Biden.
El 6 de enero del 2021, cuando los seguidores de Trump tomaron por asalto el edificio del Capitolio, el Congreso estaba reunido para certificar el resultado de las presidenciales. Trump había presionado a Pence para que no firmara la certificación de su derrota, a lo que estaba obligado por ley. Cinco personas murieron durante el asalto y cuatro más fallecieron posteriormente. Los heridos superaron el centenar.
Biden considera que los jueces deben determinar si la enmienda 14 aplica en este caso, aunque “ciertamente apoyó la insurrección. No hay ninguna duda. Ninguna. Cero. Y parece que sigue insistiendo en ello”.
El Supremo de Colorado ha puesto su decisión en cuarentena hasta el 4 de enero. Si antes de ese día, Trump recurre al Alto Tribunal de la nación, su nombre estará en las papeletas de las primarias republicanas previstas allí para el 5 de marzo.
El recurso de Trump llegará a tiempo, y el Tribunal Supremo de Washington no tendrá más remedio que aceptarlo y zanjar qué pasó el 6 de enero del 2021. La presión sobre los nueve jueces será enorme. Seis son conservadores y tres progresistas. Trump designó a tres de ellos.
Sus abogados argumentarán que no tuvo nada que ver con el asalto y que, en todo caso, la enmienda 14 no le afecta porque el presidente en ningún caso es un funcionario del Estado porque su cargo está por encima de la administración.
El terreno para la interpretación jurídica, sin embargo, es amplio. Un artículo académico firmado por los juristas William Baude y Michael Stokes Paulsen, que la Universidad de Pensilvania publicará el año próximo, concluye que la enmienda 14 afecta a Trump, aunque su participación en los hechos del Capitolio sea tangencial, porque juró defender la Constitución cuando asumió la presidencia y no lo hizo cuando trató de frenar el traspaso de poderes.
Los jueces del Supremo también sopesarán si es lícito que sea la justicia en lugar de la ciudadanía la que decida el futuro político de Trump. El campo republicano considera que los electores deben poder votar a su candidato. De otro modo, creen que la democracia sufrirá un serio revés.
Donald Trump no se ha pronunciado. Recibió la noticia del fallo de Colorado antes de un mitin en Waterloo (Iowa) y la parroquia le aplaudió con entusiasmo. Parece no haber campo de batalla capaz de derrotarle. Está acusado de 91 delitos graves en cuatro causas penales y una civil, y su campaña va viento en popa. Cuanto más le acusan los jueces, más dinero recauda. Juega con maestría la carta del victimismo. Insiste en que es víctima de una caza de brujas, de una conspiración de la izquierda radical financiada por el magnate George Soros.
No tiene rival en el campo republicano. Sus contrincantes, además, creen que debe presentarse, aunque acabe condenado por insurrecto.
El movimiento MAGA no tiene más líder que él. Nadie como Trump puede calmar la ansiedad de la población, eminentemente blanca y trabajadora, que teme por su modo de vida. Siente que la inmigración, la crisis climática, la transición tecnológica y la globalización amenazan sus empleos y, lo que es más grave, su identidad. Ningún proceso judicial mermará su confianza en él. Incluso le apoyaron cuando hace unos días aseguró en la cadena Fox que solo será dictador el primer día que vuelva a sentarse en el despacho oval.
A cada embate de la justicia, Trump reacciona pidiendo más dinero para derrotar al “corrupto” Biden y lo consigue. Asimismo, exige a todos los republicanos que lo defiendan y la gran mayoría de ellos obedece porque sus cargos dependen del mismo electorado.
La primera y última vez hasta ahora que el Tribunal Supremo se ha visto en el centro de una campaña por la presidencia fue en el año 2000, cuando dio la victoria a George W. Bush sobre Al Gore al prohibir que Florida recontara miles de votos dudosos a favor del que acabó siendo el presidente número 43 de la Unión.
El juez John Paul Stevens, que entonces votó con la minoría progresista, lamentó que aquella decisión hubiera minado “la confianza en el juez como guardián imparcial de la ley”.
EE.UU. es hoy un país mucho más dividido y radicalizado que entonces. Si aquella decisión hizo tambalear la democracia, la que ahora decidirá la suerte de Trump tendrá consecuencias aún más dramáticas.
© La Vanguardia Ediciones, SLU Todos los derechos reservados.

source

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here