Santo Domingo.-  La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) solicitó a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) procesar penalmente a los empresas que construyeron la cárcel La Nueva Victoria, entre ellas la del ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla por la supuestamente se malversación de más de seis mil millones de pesos.

ADOCCO presentó formal denuncia penal en contra de: Enrique Ernesto Bonetti Galván, representante de la empresa STRUKTURAT, LTD, Víctor Lisandro Macarrulla Martínez, representante de MAC CONSTRUCCIONES, S. R. L., Rafaela Delfino Mazzone, representante del CONSORCIO REMIX-ROTILLA, CONSORCIO REMIX S. A., Omar Miguel Yarull Micely, representante de la empresa CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS S. R. L., Francisco Humberto Pezzotti Grullon, representante de la empresa CONSTRUCTORA WOXXEN, S. R. L., Daniel Camarena Capriles, representante de la empresa CONSORCIO CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE DE PREFABRICADOS EEC-PRETENSADOS ESTRUCTURALES DOMINICANOS, S. R. L., Erik Danny Bueno Tejada, representante de la empresa CONSORCIO EBUSA-COVIEDO, COVIEDO GROUP, S. R. L..

La entidad entiende que las empresas que participaron en la construcción del proyecto tienen igual responsabilidad penal que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros exfuncionarios públicos en la malversación de  más de 6 mil millones de pesos que de manera preliminar ha constatado el Ministerio Público.

“La vinculación de los denunciados por las irregularidades, se establece en las actas de adjudicación NO. 138-2018, donde se establece que  se contrató a la empresa STRUKTURAT  LTD, por un monto total de RD$1,099,467,813.63 (MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON 63/100), para el movimiento de tierra, trabajo  que no  ha podido verificarse, por las condiciones cenagoso del terreno donde se levantaron las edificaciones”, indicó el director de la institución, Julio César de la Rosa.

De la Rosa, criticó que la Procuraduría no procese a las empresas privadas con el mismo rigor que a los funcionarios públicos, señalando que para que existan un corrupto debe haber un corruptor. La entidad  advirtió que de no ser atendida su solicitud, se verán en la obligación de someter a las referidas empresas a termino personal.