Cuando hablamos de deuda social nos referimos al conjunto de privaciones y necesidades básicas insatisfechas que generan desigualdad e insatisfacción en la población, términos de salud, educación, vivienda, agua potable, electrificación y protección social. Esa deuda social se va acumulando a través del tiempo a partir de políticas públicas insuficientes, que tienden a generar exclusión social a partir de falta de oportunidades de un segmento importante de la población .
Pero existe una deuda que tiene el gobierno con relación a la población, que aun aumentando el endeudamiento externo que ha ido asumiendo el gobierno, en gran parte justificando que esos recursos van a ser destinados a satisfacer necesidades de la población.
Existen compromisos de la Republica Dominicana desde el punto de vista de satisfacer necesidades básicas de la población, que se encuentran dentro del marco de compromiso del país a nivel internacional con la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible impulsada por la ONU.
Si consideramos los objetivos referentes a salud y bienestar el No.3, educación de calidad No.4, agua limpia y saneamiento No.6, energía asequible y no contaminante No.7, como los más importantes para la población, desde el punto de vista de los servicios que provienen del nivel público, nos encontramos con la siguiente situación para la Republica Dominicana:
Con respecto al objetivo 3: Salud y Bienestar. Aunque se destaca que ha aumentado la cobertura a través del Seguro Nacional de Salud (SENASA) y de parte del gobierno se reseña que se ha logrado casi la universalización de este seguro dirigido a la población más vulnerables, sin embargo cuando la población acude a los centros médicos públicos, no recibe la atención que demanda de forma adecuada, pues comenzando con los medicamentos esenciales se evidencia una escasez de los mismos, cuando las personas que acuden a esos centros no se le puede proporcionar, cargando las familias con la compra de estas medicinas que no pueden costear, falta de personal médico y auxiliares, infraestructuras incompletas y a esto se agrega camas insuficientes, que esta al nivel de ¡.03 camas por cada 1000 habitantes cuando la recomendación (de acuerdo a la OCDE y otras organismos) debe ser de 4.7 camas.
Cuando observamos lo referente al objetivo 4: Educación de calidad, la evidencia que arroja la Prueba internacional Pisa, nos indica cómo va el país en ese aspecto que quedó en la penúltima posición 80 de 81 países evaluados según la publicación del año 2022 y ya se avanza que una reciente evaluación en curso que será publicada por la OCDE en diciembre de este año 2026, los progresos son mínimos, a esto se agrega la situación que se presenta actualmente ante el inicio del año escolar 2026-2027; según la Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos 13% de los centros no pudieron iniciar docencia y otro 10% lo hizo de forma parcial por deficiencias físicas y 58% de los que iniciaron lo hicieron con deficiencias de personal tales orientadores, psicólogos, dinamizadores TIC, bibliotecarios y coordinadores, a esto se agrega que el 79.5% de los directores expresaron tener insuficiencia de personal administrativo y de apoyo entre estos conserjes, policías escolares, porteros, serenos, jardineros y auxiliares de cocina.
En lo que respecta al objetivo 6: Agua limpia y saneamiento. A pesar de los cuantiosos recursos que se han invertido en este subsector que ha anunciado el gobierno de RD$10,200 millones de pesos ejecutados a través del INAPA y RD$11,000 a través de la CAASD en el Gran Santo Domingo, son frecuentes las quejas por parte de la población de escasez de agua potable, que se debe más que a la falta de lluvias a las deficiencias en la distribución del preciado líquido; a esto se agrega los problemas de desbordamiento de aguas residuales que los organismos antes mencionados se han mostrado incapaces de resolver adecuadamente en barrios y urbanizaciones.
En cuanto al objetivo 7: Energía asequible y no contaminante. Aunque se han hecho y anuncian inversiones en el sector eléctrico entre energía convencional y energías renovables por mas de 35,000 millones de dólares, al año 2025 el subsidio a las EDE era ya de más de 100,000 millones de pesos; a esto se agrega que la factura eléctrica que pagan los hogares es cada vez mas costosa y los apagones se mantienen y en ocasiones aumentan de forma progresiva.
Ante lo anterior descrito surge la pregunta: ¿Podrá el gobierno dar respuesta adecuada, para corregir las deficiencias de cara a la Estrategia Nacional de Desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenibles, para pagar la deuda social acumulada?