La República Dominicana enfrenta una crisis silenciosa que se extiende por cada esquina del territorio nacional: la proliferación desmedida de bancas de lotería y apuestas. Con estimaciones que sugieren la existencia de más de 150,000 establecimientos —entre legales e ilegales—, el país se ha convertido en un terreno fértil para una industria que, bajo la falsa promesa de riqueza instantánea, erosiona el tejido social y la salud pública.
La realidad es alarmante. En muchas comunidades, la densidad de bancas de apuestas supera con creces la presencia de escuelas, enviando un mensaje distorsionado sobre las prioridades de desarrollo y el valor del esfuerzo. Este fenómeno no afecta a todos por igual; son las clases más vulnerables quienes, ante la desesperanza económica, caen presas de este bombardeo publicitario constante, alimentando una adicción que deriva en ludopatía y graves conflictos familiares.
A pesar de los esfuerzos institucionales, como los decretos presidenciales (incluyendo el 197-26) y la labor de figuras como Teófilo “Quico” Tabar al frente de la Lotería Nacional, el control del sector sigue siendo una tarea titánica. La burocracia y los intereses particulares han frenado históricamente una regulación efectiva. Es inaceptable que, mientras se discuten leyes en el Congreso, existan legisladores con intereses directos en el negocio de las apuestas, lo que plantea un conflicto de intereses evidente que debe ser erradicado para garantizar una legislación justa y transparente.
El problema no es solo administrativo, es ético. El Estado no puede permitir que la economía se sostenga o se fomente mediante la explotación de la vulnerabilidad de sus ciudadanos. La propuesta de algunos sectores de no permitir nuevas bancas por los próximos diez años y reducir a la mitad las existentes no es una medida radical, sino una necesidad de salud pública.
Es imperativo que el país deje de ver a las bancas de apuestas como una fuente de empleo legítima que justifica su existencia. La creación de puestos de trabajo no puede ser la excusa para ignorar el daño social que genera la ludopatía. El Estado debe imponer impuestos elevados a todas las modalidades de juegos de azar —incluyendo casinos y apuestas deportivas, tanto locales como extranjeras— para desincentivar su práctica y destinar esos recursos a programas de prevención de la salud mental y educación.
La nueva Dirección General de Juegos de Azar tiene ante sí el reto de ordenar un mercado que ha operado bajo reglas grises durante demasiado tiempo. La sociedad dominicana no puede seguir siendo rehén de un sistema que, lejos de generar prosperidad, perpetúa la pobreza y el vicio. Es hora de poner límites claros, priorizar el bienestar colectivo sobre el lucro de unos pocos y, sobre todo, devolverle a la ciudadanía un entorno donde el progreso se construya mediante el trabajo y no mediante el azar