Los accidentes de tránsito en República Dominicana no solo representan una de las principales causas de muerte y discapacidad en el país, sino que también constituyen una carga financiera insostenible para los centros traumatológicos públicos y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), entidades que enfrentan un déficit creciente que amenaza con desequilibrar el Seguro Familiar de Salud y limitar la calidad de la atención médica.
Según publicó Listín Diario recientemente, los principales centros traumatológicos afirman que
tratar a un lesionado grave puede costar entre RD$200 mil y 2 millones, mientras la cápita asignada para esa cobertura por el Consejo Nacional de Seguridad Social es de RD$ 32.24, establecida a partir del primero de agosto de 2023 mediante la Resolución CNSS 573-01.
Esto refleja un contraste abismal. Cirugías complejas, materiales de osteosíntesis y estancias en Unidades de Cuidados Intensivos —que alcanzan hasta RD$300 mil diarios— explican por qué estos pacientes se consideran de “alto consumo”. Solo en el Hospital Ney Arias Lora, entre el 70% y el 80% de sus emergencias diarias se deben a siniestros viales, y en el Darío Contreras representan el 78% de sus admisiones. Además, entre el 2% y el 3% de los sobrevivientes quedan con discapacidades permanentes, afectando su futuro y generando gastos a largo plazo.
Datos publicados por la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) muestran que la cuota asignada por el CNSS para cubrir los accidentes de tránsito ha generado un déficit acumulado de RD$ 2,156 millones, monto que sigue creciendo y pone en riesgo la estabilidad financiera de las ARS y del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
La normativa vigente establece en el Artículo 119 de la Ley 87-01 que esos costos deben recaer sobre el seguro obligatorio de vehículos o el responsable del accidente. Sin embargo, en la práctica, esa responsabilidad se traslada al sistema de salud, manteniendo la cuota fija “hasta que se modifique la ley”, un plazo indefinido que agrava las pérdidas.
Para solucionarlo, se requieren medidas urgentes: actualizar la cuota de financiamiento acorde a los costos reales, hacer cumplir la ley para que el seguro automotor asuma su responsabilidad, incluir esta cobertura en el catálogo de servicios del seguro de salud y fortalecer las políticas de prevención vial. De no actuar pronto, el sistema sanitario seguirá al límite y los servicios de calidad estarán en riesgo para todos los dominicanos.