Santo Domingo. – El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) pidió revisar varias disposiciones de la Ley 2-23, sobre Recurso de Casación, al considerar que podrían limitar el acceso a la justicia y exponer a los abogados a sanciones económicas desproporcionadas por su actuación profesional.
La posición fue presentada por el presidente del gremio, Trajano Potentini, durante un encuentro con legisladores de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado, en el que se discutieron propuestas de reforma vinculadas al sistema judicial y la regulación de la abogacía.
Objeciones al interés casacional
Uno de los principales cuestionamientos del CARD se refiere al interés casacional, mecanismo que condiciona la admisión de determinados recursos ante la Suprema Corte de Justicia. Potentini advirtió que su aplicación no debe convertirse en un obstáculo que impida a los ciudadanos obtener una revisión judicial de decisiones que consideren contrarias a sus derechos.
Aunque reconoció la importancia de establecer mecanismos para mejorar la eficiencia de los tribunales, sostuvo que estos deben respetar la tutela judicial efectiva, la igualdad procesal y el acceso a la justicia.
El gremio también expresó preocupación por los efectos que las restricciones a la casación podrían tener en los litigios laborales, al considerar que una aplicación excesivamente restrictiva puede dificultar la revisión de decisiones relacionadas con salarios, prestaciones y otros derechos de los trabajadores.
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Multas por recursos y proporcionalidad
Potentini también llamó la atención sobre el artículo 56 de la Ley 2-23, que contempla sanciones por recursos considerados abusivos, temerarios o presentados de mala fe, bajo las condiciones previstas en la norma.
Según explicó, las consecuencias económicas pueden incluir multas civiles e indemnizaciones que, en determinados casos, alcanzan el equivalente a 50 salarios mínimos del sector privado.
El presidente del CARD sostuvo que estas disposiciones deben aplicarse con criterios objetivos y proporcionales, para evitar que los profesionales del derecho desistan de presentar recursos legítimos por temor a enfrentar consecuencias económicas.
Aclaró que la lealtad procesal es necesaria para el funcionamiento de la justicia, pero consideró que su aplicación debe distinguir entre las actuaciones abusivas y el ejercicio legítimo de la defensa de los intereses de un cliente.
Durante la reunión, la delegación también planteó la necesidad de adecuar el Código de Ética Profesional y el régimen disciplinario de los abogados a las disposiciones constitucionales y a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.
Potentini señaló que cualquier reforma debe garantizar la legalidad, la proporcionalidad de las sanciones, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso en las investigaciones contra profesionales del derecho.
El gremio considera que la actualización normativa debe permitir sancionar las faltas éticas, sin desconocer las garantías fundamentales de los abogados sometidos a procedimientos disciplinarios.
Otro de los puntos abordados fue la propuesta de crear una cuarta sala en la Suprema Corte de Justicia, especializada en asuntos administrativos, iniciativa que recibió el respaldo del CARD.
Potentini afirmó que una jurisdicción especializada podría contribuir a mejorar el análisis de los conflictos entre ciudadanos y entidades públicas, así como a fortalecer la uniformidad de los criterios judiciales en materia administrativa.
El encuentro se celebró en el Salón Polivalente del Senado, con la participación de los senadores Rafael Barón Duluc Rijo, conocido como Cholitín; Omar Fernández, Franklin Romero, Alexis Victoria Yeb y Pedro Catrain.
La delegación del Colegio de Abogados estuvo encabezada por Potentini y el jurista Ángel Ledesma, quienes expusieron las observaciones del gremio sobre las iniciativas legislativas discutidas.
El CARD planteó que las reformas judiciales deben procurar una mayor eficiencia del sistema, sin reducir las garantías constitucionales de los ciudadanos ni comprometer el ejercicio independiente de la abogacía.
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