Pobreza en República Dominicana baja a 14.58 % en primer semestre de 2026, según Gobierno

Santo Domingo. – La pobreza monetaria en la República Dominicana se situó en un promedio de 14.58 % durante el primer semestre de 2026, frente al 17.3 % registrado en 2025 y el 30.7 % de 2021, según datos preliminares presentados este sábado por la vicepresidenta Raquel Peña.

Las cifras fueron expuestas durante una jornada organizada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en la que también se abordaron los desafíos pendientes para mejorar las condiciones de vida de las familias dominicanas.

Durante la conferencia «Hacia la erradicación de la pobreza en República Dominicana: avances y desafíos», Peña señaló que, pese a la reducción registrada en los indicadores, persisten dificultades relacionadas con el acceso a servicios esenciales, la educación y la generación de empleos de calidad.

La vicepresidenta sostuvo que las políticas públicas deben continuar enfocadas en aumentar los ingresos de los hogares y facilitar su incorporación a actividades productivas.

Brecha de pobreza entre campo y ciudad

De acuerdo con los datos presentados, la pobreza urbana pasó del 25 % en 2019 al 15 % durante el primer semestre de 2026, mientras que en las zonas rurales disminuyó del 31 % al 19 % en el mismo período.

Las cifras reflejan que la incidencia de la pobreza continúa siendo mayor en las comunidades rurales, con una diferencia de cuatro puntos porcentuales respecto a las zonas urbanas.

Asimismo, Peña informó que la pobreza extrema se redujo del 8.7 % en 2015 al 2.2 %, según los indicadores expuestos durante la actividad.

Meta RD 2036 y próximos objetivos

La vicemandataria explicó que la estrategia Meta RD 2036 contempla reducir la pobreza multidimensional rural al 15 % para 2028 y a menos del 10 % para 2036.

Estos objetivos incluyen medidas dirigidas a mejorar el acceso a educación, servicios básicos y oportunidades económicas en las comunidades de mayor vulnerabilidad.

Programas sociales alcanzan cerca de 1.4 millones de hogares

Durante su intervención, Peña también destacó que la República Dominicana redujo la prevalencia de la subalimentación a menos del 2.5 %, resultado que permitió al país salir del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En materia de asistencia social, indicó que los programas Aliméntate y Bono Gas benefician a cerca de 1.4 millones de hogares.

Por su parte, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, informó que la institución mantiene una cobertura cercana a esa cantidad de hogares mediante programas de transferencias monetarias y acompañamiento sociofamiliar.

Entre las iniciativas mencionó Aliméntate, Bono Gas, Bono Luz, Aprende y Avanza y Supérate Mujer, además de programas orientados al emprendimiento, la inclusión productiva y el cuidado de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Jiménez también explicó que la institución desarrolla mecanismos de protección social para acompañar a las familias durante situaciones de emergencia y reducir el riesgo de que vuelvan a caer en la pobreza.

Analizan desafíos para reducir la pobreza

La jornada, celebrada bajo el lema «Avanzando hacia la erradicación de la pobreza», incluyó el panel «Políticas para la reducción de la pobreza: avances y desafíos», en el que especialistas analizaron los resultados y las medidas necesarias para mejorar la efectividad de los programas sociales.

También se realizó el panel «Historias de superación: rostros de la transformación», con testimonios de personas beneficiarias de las iniciativas gubernamentales.

Durante su exposición, Peña reiteró que el crecimiento económico debe traducirse en mejores condiciones de vida para la población y mayores oportunidades de desarrollo para las familias.

En la actividad participaron la directora de Supérate, Mayra Jiménez; la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en el país, Julia Sánchez; la alcaldesa Betty Gerónimo, así como autoridades nacionales y locales, representantes de organismos internacionales y beneficiarios de los programas sociales.