Las denuncias por licitaciones viciadas han vuelto a golpear al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). En 2024, tres procesos para la compra de mochilas, zapatos y uniformes escolares desataron una ola de críticas que culminó con la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones y la Contraloría General de la República.
El informe presentado identificó irregularidades como manipulaciones en las evaluaciones técnicas, adjudicaciones a empresas sin cumplir los requisitos y participación de funcionarios en decisiones amañadas. Más de 200 contratos estarían afectados.
El INABIE canceló 20 contratos y desvinculó a nueve colaboradores. Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, consideró insuficientes las respuestas institucionales: “Cancelaron peritos y empleados de menor nivel, pero el Comité de Compras sigue sin tocarse. Y es ahí donde recae gran parte de la responsabilidad”, advirtió.
Este no es un hecho aislado. En 2021, ADOCCO presentó una denuncia formal contra la dirección del INABIE por un proceso similar, en el que se adjudicaron contratos por más de RD$12 mil millones. La acusación incluyó adjudicaciones dirigidas, exclusión arbitraria de suplidores y violación de normas del sistema de compras públicas.
Cuatro años después, no hay imputaciones ni condenas. De la Rosa confía en que la nueva gestión del Ministerio Público retome ese expediente y actúe con independencia.
A esto se suma una auditoría de la Contraloría sobre el año 2021, que documentó el uso irregular de fondos del convenio con el PNUD, incluyendo más de RD$2.7 millones usados en gastos operativos ordinarios y RD$11 millones en nóminas fuera del marco del acuerdo.
Además, se identificaron facturas duplicadas por más de RD$55 millones, pagos a suplidores no adjudicados por RD$3.3 millones y faltantes de raciones alimenticias en escuelas. Incluso el edificio central del INABIE, comprado en 2016, aún figura registrado a nombre del Banco de Reservas.