El Senado aprobó este jueves en segunda lectura el proyecto ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una normativa que busca blindar al país de las amenazas del terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, ataques cibernéticos, corrupción, tráfico de armas, crímenes internacionales, migración irregular, entre otros ilícitos.
La legislación, sustentada en el artículo 261 de la Constitución y que regula el Sistema Nacional de Inteligencia, crea el Departamento Nacional de Investigaciones, que será dotado de las herramientas para detener esos peligros.
En ese sentido, el artículo 28, referente a las sanciones penales, señala que: "Quien, no obstante, la autorización judicial de la autoridad competente, oculte datos o informaciones relativas a la seguridad nacional, requeridas por la DNI, sobre las cuales tenga conocimiento, será sancionado con prisión menor de dos a tres años y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público".