Cuba legalizó la creación de los asilos privados y esto es lo que cambia para las familias con las nuevas reglas para las residencias de ancianos en la isla, que hasta ahora siempre habían sido de control estatal.
Cuba dio un paso significativo en la regulación del cuidado a personas mayores y en situación de dependencia al formalizar, por primera vez, los asilos privados en el país.
La medida quedó establecida tras la publicación en la Gaceta Oficial de nuevas disposiciones que reconocen un fenómeno ya existente dentro del sector no estatal, en un contexto marcado por el acelerado envejecimiento poblacional.
Las normativas principales, la Resolución 247/2025 del Ministerio de Salud Pública y la Resolución 50/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, establecen las condiciones para operar residencias de cuidados y fijan en 500 CUP el costo del curso obligatorio para cuidadores.
Estas reglas llegan en un momento en que el sistema estatal enfrenta limitaciones de recursos para atender la creciente demanda de servicios geriátricos.
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El nuevo marco legal define tres tipos de residencias: cuidados diurnos, cuidados permanentes y una modalidad mixta.
Para operar, los interesados deben cumplir requisitos estrictos, como contar con condiciones estructurales adecuadas, servicios básicos garantizados y personal certificado. Además, cada instalación deberá reservar al menos el 10 % de su capacidad para casos asignados por el sistema de asistencia social.
Uno de los elementos más relevantes es la integración de estos centros privados al sistema público de salud. Las residencias funcionarán como comunidades vinculadas a un área de salud específica, lo que implica que los residentes recibirán evaluaciones médicas periódicas, acceso a servicios de urgencia y atención especializada sin costo adicional.
Sin embargo, la responsabilidad operativa recae en los gestores privados, quienes deberán coordinar estos servicios y garantizar la atención diaria.
La normativa también establece mecanismos de supervisión y sanción. Las autoridades realizarán inspecciones periódicas y cualquier violación a los derechos de los residentes, como maltrato o negligencia, puede implicar la retirada de la licencia.
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Asimismo, se regulan aspectos sensibles como la atención ante fallecimientos y la protección de personas sin respaldo familiar.
No obstante, persisten importantes vacíos. La legislación no fija precios máximos para los servicios, lo que deja las tarifas sujetas al mercado.
Tampoco se establece una proporción mínima de cuidadores por residente ni procedimientos claros de apelación en caso de denegación de licencias. Además, la exigencia de contar con fuentes alternativas de energía representa un desafío adicional en medio de la crisis energética del país.
En un escenario donde más del 22 % de la población supera los 60 años, esta regulación responde a una necesidad urgente. Sin embargo, su implementación práctica será clave para determinar si logra equilibrar la oferta privada con la protección social.