Bloomberg Línea — Los datos de la reciente Encuesta de Presupuesto Abierto 2025 (OBS, por sus siglas en inglés) muestran que los países de América Latina y el Caribe avanzan en la publicación de información sobre gasto público, fiscalidad y deuda, pero aún no alcanzan el nivel necesario para una rendición de cuentas efectiva.
Ver más: Oxford prevé menor crecimiento en Latinoamérica que el FMI en 2026: Colombia y Perú destacan
Con un promedio regional de 57 puntos sobre 100, la región se ubica por debajo del umbral global de 61, lo que indica un acceso suficiente de información presupuestaria para comprender las decisiones del gobierno y debatir sobre la política fiscal.
El informe, elaborado por el International Budget Partnership (IBP), evalúa la disponibilidad oportuna en línea y la exhaustividad de ocho documentos presupuestarios en más de 120 países.
En esta edición, los resultados regionales muestran diferencias marcadas entre los países que publican datos de manera integral y aquellos que restringen el acceso o directamente no producen los informes.
Brasil (83), República Dominicana (82) están entre los líderes en transparencia y rendición de cuentas presupuestaria. Los dos países también sobresalen en participación pública, al contar con mecanismos formales donde la ciudadanía tiene canales significativos para incidir en las decisiones de gasto.
La nación caribeña alcanzó su calificación histórica más alta, publicando de forma oportuna los ocho documentos evaluados.
Su declaración preliminar obtuvo un puntaje perfecto de 100, atribuido a la expansión de datos sobre deuda, ingresos y pronósticos macroeconómicos.
Según la Dirección General de Presupuesto (Digepres) de República Dominicana, este avance, un salto de 31 puntos desde 2015, es el resultado de una política de Estado sostenida en la apertura de datos y la rendición de cuentas.
Detrás de los líderes, un segundo grupo supera el umbral de 61 puntos. Perú (72), Guatemala (71), Chile (64) y Honduras (62) publican información suficiente.
Guatemala registró el avance más notable de este segmento al pasar de 64 a 71 puntos, su mejor resultado en una década, una mejora que el viceministro de Transparencia Fiscal del país, Carlos Melgar, atribuyó a un mayor detalle en los informes de ejecución presupuestaria y al uso de plataformas digitales.
Honduras bajó levemente de 65 a 62 puntos tras la publicación tardía de su Declaración Presupuestaria, un documento que en ciclos anteriores se había difundido con la antelación requerida de al menos un mes antes de que se discutiera en el Legislativo.
Además de este contratiempo, el informe recomienda al país incluir proyecciones multianuales más claras en el proyecto de presupuesto, así como un mayor detalle sobre fondos extrapresupuestarios y actividades cuasifiscales.
Brechas de transparencia
En el extremo opuesto, cuatro países se ubicaron por debajo del umbral de transparencia suficiente: Nicaragua (50), Argentina (46), El Salvador (34) y Bolivia (11).
Ver más: Deuda pública global no para de subir: estos son los países de América Latina más endeudados
De Bolivia, el informe detalla que documentos fundamentales, como el Proyecto de Presupuesto Ejecutivo y los Informes de Ejecución, se mantienen “solo para uso interno”.
En Argentina, incidió la reducción de los datos publicados en el presupuesto aprobado, sumado a que el gobierno no produjo la revisión de medio año ni el informe de auditoría para el período evaluado.
El Salvador, aunque mejoró de 24 a 34 puntos al volver a publicar en línea el Proyecto de Presupuesto Ejecutivo, retrocedió al limitar el acceso a su Declaración Preliminar, que pasó a ser de uso interno.
Nicaragua subió respecto al informe de 2023 tras publicar su Informe de Auditoría y la Declaración Preliminar a tiempo, pero contrarrestó este avance al dejar de producir el Presupuesto Ciudadano, la versión simplificada diseñada para el público general.
Para cerrar la brecha hacia los 61 puntos, el IBP recomienda a los países priorizar la publicación oportuna, mejorar la profundidad de los datos fiscales y garantizar que los sitios web de los ministerios de economía sean de acceso público y fácilmente navegables.