Un caso de corrupción dentro del sector empresarial estatal terminó con severas sanciones en Santiago de Cuba.
El tribunal provincial dictó penas de hasta 15 años de cárcel tras comprobar un esquema de malversación ligado a operaciones bancarias.
El proceso judicial puso bajo la lupa a varios trabajadores vinculados a la gestión financiera de una entidad dedicada a la producción de conservas.
Detalles del juicio y las condenas
La Sala Primera Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba celebró un juicio oral y público relacionado con la causa 19 de 2026. Como resultado, tres personas recibieron sanciones de 15, 14 y 10 años de privación de libertad.
Un cuarto implicado fue condenado a pagar una multa de 600 cuotas, cada una de 40 pesos, por tráfico ilegal de moneda nacional y divisas.
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Los delitos principales incluyeron falsificación de documentos bancarios y comerciales de forma continuada, con el objetivo de ejecutar la malversación de fondos.
¿Cómo operó la trama?
Según se expuso durante el juicio, los hechos comenzaron tras la aprobación de un crédito bancario de 20 millones de pesos a la empresa estatal.
Dos de los acusados, que ocupaban cargos clave en el área contable, actuaron de conjunto con otra implicada vinculada a una cooperativa. Realizaron cuatro transferencias que sumaron más de cinco millones de pesos hacia una cuenta personal.
Posteriormente, una parte del dinero fue distribuida entre los involucrados, alcanzando casi cuatro millones de pesos en total.
Además, una de las acusadas utilizó parte del dinero para adquirir 2000 dólares estadounidenses mediante una operación ilegal.
Sanciones adicionales y medidas
El tribunal también impuso sanciones accesorias a tres de los acusados. Entre ellas, la pérdida de derechos públicos y la prohibición de salir del país.
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En el caso de los principales responsables, se les prohibió ejercer cargos o profesiones relacionadas con su actividad anterior.
Asimismo, deberán devolver a la entidad afectada el dinero sustraído durante la operación fraudulenta.
Fundamentos de la decisión judicial
Para dictar las penas, el tribunal consideró la gravedad de los hechos, el nivel de participación de cada acusado y sus condiciones personales.
Durante el proceso, las autoridades señalaron que se respetaron todas las garantías legales y el debido proceso, según lo establecido en la legislación cubana.
Tanto los sancionados como la Fiscalía mantienen el derecho de recurrir la decisión ante instancias superiores.