SANTO DOMINGO.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró urgente que el Consejo del Poder Judicial redefina las prioridades institucionales en coordinación con jueces y servidores judiciales, ante el paro de labores que ha afectado el servicio de justicia en todo el país.
La entidad señaló que la paralización refleja las distorsiones e incoordinaciones que prevalecen en el sistema de justicia de la República Dominicana, pese a las reformas impulsadas desde la modificación constitucional de 1994, la creación del Consejo de la Magistratura y la Ley de Carrera Judicial.
FINJUS recordó que la Ley 194-04 establece que al Poder Judicial le corresponde el 2.66 % de los ingresos públicos, pero afirmó que ese mandato legal no se ha cumplido plenamente. Indicó que en 2025 el Poder Judicial recibió RD$12,922 millones, equivalente apenas al 0.96 % del presupuesto que establece la ley.
La organización sostuvo que esta situación ha limitado el cumplimiento de metas institucionales y ha afectado áreas esenciales como las condiciones de servicio, el equipamiento, la tecnología y la innovación dentro del sistema judicial.
Asimismo, consideró justos los reclamos de jueces y servidores judiciales y afirmó que deben ser atendidos de manera urgente mediante políticas claras y justas de remuneración y atención institucional.
FINJUS también resaltó la importancia de continuar fortaleciendo áreas como la reducción de la mora judicial, la digitalización de procesos y el acceso a las decisiones judiciales, para garantizar derechos fundamentales y consolidar el régimen democrático.
Finalmente, la entidad llamó a los diferentes sectores del Poder Judicial a iniciar un proceso de diálogo y definición de prioridades para presentar al Poder Ejecutivo una propuesta de readecuación presupuestaria que permita mejorar la gestión humana y organizacional del sistema de justicia.