SANTO DOMINGO.- Al menos dos propiedades fueron desalojadas este miércoles en el complejo turístico Metro Country Club, en Juan Dolio, provincia San Pedro de Macorís, en medio de un conflicto judicial por supuesta duplicidad de títulos y deudas millonarias que, según los afectados, no les corresponden.
Desalojos y denuncias
Propietarios denunciaron que varias familias están siendo afectadas por órdenes de desalojo relacionadas con 19 inmuebles adjudicados en un proceso de embargo inmobiliario.
Aseguran que muchos residentes cuentan con títulos de propiedad, deslindes y pagos de impuestos al día, por lo que exigen la intervención del Estado y del Ministerio Público para evitar nuevos desalojos mientras el caso continúa en los tribunales.
«Nosotros tenemos títulos también, y lo que corresponde es investigar cuál documento es válido y anular el que no corresponda”, expresó una de las afectadas, quien afirmó que varias familias viven bajo incertidumbre ante la posibilidad de perder sus viviendas.
Los denunciantes indicaron que una de las propiedades desalojadas pertenecía a una mujer de más de 90 años que reside fuera del país, mientras que otra corresponde al propietario desarrollador del proyecto.
Origen del conflicto
- Según explicaron, el conflicto surge por una supuesta deuda atribuida al empresario José Asilis Elmúdesi.
Los residentes sostienen que algunos casos continúan bajo investigación judicial debido a alegadas duplicidades de títulos emitidos sobre las mismas propiedades.
También afirman que los procesos se manejan de manera separada, situación que habría permitido la ejecución de algunos desalojos.
Limbo jurídico
El conflicto fue presentado recientemente en el programa El Informe con Alicia Ortega, donde propietarios denunciaron vivir en un “limbo jurídico” tras recibir intimaciones de desalojo, pese a haber adquirido sus inmuebles hace años y contar, según aseguran, con documentación legal.
De acuerdo con el reportaje, el caso involucra presuntas irregularidades en registros inmobiliarios, procesos de deslinde y posibles errores en la cancelación de títulos anteriores dentro del proyecto Metro Country Club.
Especialistas consultados en el programa explicaron que algunos propietarios podrían ser considerados terceros adquirientes de buena fe, debido a que realizaron procesos legales, pagos de impuestos y registros de sus propiedades conforme a la ley.
