Santo Domingo.- La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, condenó este miércoles a la comunicadora Tamara Martínez a tres meses de prisión, tras hallarla culpable de difamación e injuria en perjuicio de la presentadora y actriz Gabi Desangles.
La sentencia establece que Martínez deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, luego de que el tribunal determinara que incurrió en violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, normativa que sanciona la difusión de contenido difamatorio e injurioso a través de medios electrónicos y plataformas digitales.
El proceso judicial se originó tras una querella presentada por Desangles en abril de 2024, luego de varias declaraciones emitidas públicamente por Tamara Martínez en programas y redes sociales, las cuales fueron consideradas lesivas para el honor, la imagen y la reputación de la comunicadora.
La acusación incluyó presuntas violaciones tanto a la Ley 53-07 como a disposiciones vinculadas a la expresión y difusión del pensamiento.
Durante las audiencias previas, el Ministerio Público había solicitado una condena de un año de prisión contra Martínez, además del pago de una indemnización equivalente a 200 salarios mínimos del sector público.
Los fiscales sostuvieron que las pruebas audiovisuales y certificaciones aportadas al expediente demostraban la existencia de expresiones difamatorias difundidas de manera reiterada en plataformas digitales.
El caso generó amplia atención mediática debido a la notoriedad de ambas figuras dentro del entretenimiento y la televisión dominicana, así como por el debate que abrió sobre los límites de la libertad de expresión en medios digitales y la responsabilidad legal de los comunicadores al emitir acusaciones públicas.
Previo al fallo, la defensa de Tamara Martínez presentó varios incidentes y argumentos intentando desmontar las acusaciones, mientras que la parte querellante, representada por los abogados Ángel Leonel Canó y Nelson Burgos, insistió en que las declaraciones emitidas afectaron directamente la dignidad y reputación de Desangles.
Este proceso se suma a otros casos recientes de difamación e injuria conocidos en tribunales dominicanos bajo la Ley 53-07, una legislación que en los últimos años ha sido utilizada con mayor frecuencia para perseguir contenidos considerados ofensivos o difamatorios en redes sociales, plataformas digitales y medios electrónicos.